La batalla legal por el presupuesto de las universidades nacionales atraviesa una zona de grises procesales, el constitucionalista Andrés Gil Domínguez en diálogo con el programa “Palabras más, palabras menos” de LA CIELO FM 103.5 define esta situación como una estrategia deliberada de dilación.
Tras obtener fallos favorables en primera y segunda instancia, el financiamiento educativo ha quedado congelado por un recurso extraordinario interpuesto por el Poder Ejecutivo. Según explicó el abogado, “lo que sucede es que la decisión recurrida en este caso la medida cautelar confirmada en la segunda instancia queda suspendida” hasta que la Cámara decida si eleva el caso a la Corte Suprema.
El “abuso procesal” como escudo temporal
Para Gil Domínguez, el accionar de la gestión nacional no responde a una lógica de defensa legítima, sino a una herramienta para esquivar la normativa vigente. El experto fue tajante al señalar que “los funcionarios hasta acá están haciendo un abuso procesal que lo hacen para no aplicar dos artículos de la Ley de Financiamiento Universitario”. Esta maniobra, sin embargo, tiene un recorrido corto.
El constitucionalista estima que este escenario de suspensión no se prolongará demasiado en el tiempo, “esto se va a resolver en un plazo máximo de de 30 días 20 30 días”. Además, pronosticó que el Gobierno tiene pocas posibilidades de éxito en esta instancia, afirmando que “tiene un 98 por ciento de probabilidades que la Cámara lo rechace si sigue con todos los antecedentes de la propia Cámara y de la jurisprudencia en todo el país”.
Responsabilidades penales y el factor de la Corte “insondable”
El riesgo para los funcionarios públicos aumenta si la Cámara rechaza el recurso extraordinario. En ese caso, aunque el Gobierno recurra “en queja” a la Corte, la medida cautelar se vuelve de cumplimiento efectivo. Gil Domínguez advirtió que, de no acatarse, “tendrán responsabilidades penales y patrimoniales personales los funcionarios que no la cumplan”.
La incertidumbre mayor radica en el máximo tribunal, cuyos plazos escapan a cualquier previsión lógica. “Los tiempos de la Corte Suprema de Justicia son como los tiempos del señor son insondables hace hace cuando cuando quiere”, sentenció el constitucionalista. Si la Cámara llegara a conceder el recurso, el caso viajaría a la Corte y los fondos quedarían “suspendidos hasta que la Corte Suprema de Justicia resuelva el tema”.
