La familia de Facundo Astudillo Castro pidió nuevamente que la jueza federal María Gabriela Marrón sea apartada de la causa que investiga la desaparición forzada seguida de muerte del joven de 22 años. Es por una serie de irregularidades que para los abogados de la madre del joven, Cristina Castro, ya explican una “protección corporativa” de las fuerzas de seguridad que están implicadas en el caso.
Es que, a más de seis meses de la desaparición del joven de Pedro Luro y a pesar de las contundentes pruebas presentadas que apuntan a varios integrantes de la policía bonaerense, todavía no hay un solo detenido en la causa.
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“Su conducta obstruye la instrucción, avasalla las funciones principales del Ministerio Público Fiscal, instaura sospechas en el accionar de la víctima, manipula elementos de prueba dándole un sentido diferente al que consta en el expediente, demora y desestima medidas esenciales para esta investigación sin una argumentación jurídica fuerte y protege a las fuerzas de seguridad”, señalan los abogados de la familia en el escrito de recusación de la jueza federal María Gabriela Marrón.
El pedido fue respaldado por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que hoy oficia como querella institucional en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura.
“Las resoluciones adoptadas por la titular del Juzgado Federal Nº 2 de Bahía Blanca obstruyen la investigación sobre la principal hipótesis de la causa, la desaparición forzada seguida de muerte, y manifiestan una ´defensa corporativa´ de las fuerzas de seguridad. Para las querellas, estos hechos constituyen una clara afectación de la garantía del juez imparcial, principal argumento para pedir su recusación y el apartamiento de la causa”, señalaron desde la CPM.
Según consta en el escrito presentado por los abogados Luciano Peretto y Leandro Aparicio, la jueza Marrón a un “sinnúmero de inconsistencias y absurdos”, tales como “sentar su propia postura personal” y “desconocer elementos incorporados a la causa”, algunos fundamentales como la aparición de un amuleto que llevaba Facundo a la hora de desaparecer, dentro de un galpón de la comisaría de Teniente Origone.
Pero también hay otras pruebas determinantes, que la jueza Marrón dejó a un costado y no diseñó medidas para avanzar con la causa: un móvil de la policía local de Bahía Blanca se ubicó a 800 metros del lugar donde finalmente se encontró el cuerpo del joven, una semana después de su desaparición.
También, la magistrada se negó a allanar el puesto de vigilancia de Teniente Origone, donde se encontró el amulet,o y el secuestro de unos 50 teléfonos celulares de policías vinculados con los agentes que tuvieron contacto con Facundo el día de su desaparición.
En ese sentido, en el marco del trámite de la acción urgente 906/2020 instada por la CPM, el pasado 25 de noviembre el Comité de Desaparición Forzada de Personas de Naciones Unidas volvió a realizar una serie de recomendaciones y pedidos de información al Estado argentino. En esa resolución, el Comité expresó dos motivos de preocupación: por un lado, la falta de esclarecimiento de las circunstancias de la desaparición y muerte de Facundo Astudillo Castro; por el otro, las amenazas e intimidaciones que vienen sufriendo testigos y los abogados de Cristina Castro por su participación en la investigación.
“Mientras se espera la resolución de la Cámara Federal de Bahía Blanca sobre las medidas de pruebas que fueron denegadas en primera instancia y que resultan indispensables para avanzar con la instrucción, la jueza María Gabriela Marrón debe decidir si acepta la recusación formulada. Caso contrario, también será la Cámara de Apelaciones de Bahía Blanca quien deberá resolver. La continuidad de la magistrada atenta contra la búsqueda de la verdad y la realización de la justicia”, manifestaron desde la Comisión por la Memoria.
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