El Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal intimó al Gobierno Nacional para que ejecute la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso, bajo apercibimiento de aplicar multas diarias. “Es una excelente noticia. Algo que habíamos solicitado desde el CIN en el marco de la causa ante el incumplimiento de la cautelar que está firme. Esperamos que el Gobierno Nacional haga lo que debe hacer y cumpla con lo dispuesto por el juez en los plazos estipulados”, remarcó Franco Bartolacci, rector de la UNR y presidente del CIN.
Tras conocerse la notificación judicial, el rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Franco Bartolacci, destacó la determinación y la relevancia del fallo para el sistema universitario argentino: “La Justicia volvió a darnos la razón. Es el resultado de sostener con seriedad y firmeza, sin bajar los brazos, lo que corresponde: una ley debe cumplirse, ni más ni menos que eso. Vamos a seguir con mucha responsabilidad, como hasta ahora, hasta que se cumpla integralmente, como debe ser. Esperamos que el Gobierno Nacional haga lo que debe hacer: cumplir la ley, sin más dilaciones, actualizando salarios y las becas de nuestros estudiantes como el texto de la norma dispone”, afirmó Bartolacci a través de sus redes sociales.
La situación presupuestaria que atraviesa el Sistema Universitario Nacional ha provocado un grave deterioro en el poder adquisitivo de los trabajadores docentes y nodocentes, la pérdida de valiosos recursos humanos y la paralización de proyectos científicos estratégicos.
Con este pronunciamiento, la Justicia exige al Gobierno la recomposición y transferencia de las partidas legales establecidas. Desde el CIN advirtieron que la normalización del sistema educativo depende del cumplimiento estricto por parte del Poder Ejecutivo Nacional de lo ordenado por la justicia y consagrado en la legislación vigente.
Será Ley
En agosto de 2025, la Ley de Financiamiento Universitario fue aprobada en el Congreso de la Nación con un amplio consenso. La norma establece un mecanismo de actualización presupuestaria para garantizar el funcionamiento de las universidades públicas de todo el país. Asimismo, su puesta en marcha no compromete fiscalmente al estado, ya que establece de donde salen los recursos y afecta sólo un porcentaje ínfimo del PBI.
Luego fue vetada por el Poder Ejecutivo Nacional, aunque la vigencia de la ley fue respaldada por la cámara de Diputados y Senadores, que rechazaron esa medida. El día que Diputados trató en primera instancia el rechazo al veto, se realizó una nueva Marcha Universitaria Nacional que celebró el respaldo del Congreso.
Ante la no aplicación de la Ley por parte del gobierno nacional, el Consejo Interuniversitario inició una demanda que, en el marco de la cautelar planteada, cuenta con fallos favorables a su aplicación en todas las instancias judiciales, incluida la Corte Suprema. Frente a la dilación en su ejecución, y ante el requerimiento del CIN, la justicia intima ahora su cumplimiento.
