La senadora provincial Malena Galmarini, integrante del Frente Renovador dentro del bloque Fuerza Patria, presentó un proyecto de ley que busca prevenir, sancionar y erradicar el negacionismo respecto del Terrorismo de Estado ejercido durante la última dictadura militar en la Argentina entre 1976 y 1983.
La iniciativa fue ingresada en la Legislatura bonaerense en medio de los debates que en los últimos años volvieron a instalarse alrededor de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, y propone una serie de medidas educativas, administrativas y económicas destinadas a desalentar expresiones que nieguen, minimicen o justifiquen los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el régimen militar.
Según establece el texto, se considerará negacionismo a toda afirmación o manifestación pública que niegue la existencia del Terrorismo de Estado, minimice su gravedad, justifique los delitos cometidos durante la represión ilegal o reivindique a personas condenadas o procesadas por crímenes de lesa humanidad.
Además, el proyecto incorpora dentro de esa definición a quienes equiparen el accionar de organizaciones particulares con el terrorismo ejercido desde el aparato estatal y también a quienes desacrediten los juicios por delitos de lesa humanidad o las conclusiones establecidas por las sentencias judiciales.
MULTAS Y SANCIONES PARA QUIENES INCURRAN EN CONDUCTAS NEGACIONISTAS
Uno de los puntos centrales de la propuesta es la creación de un régimen sancionatorio dentro del ámbito provincial.
La iniciativa establece multas para quienes realicen públicamente manifestaciones consideradas negacionistas. Las sanciones económicas oscilarían entre el 50% y el 100% del haber mensual correspondiente a un Oficial Subayudante de la Policía Bonaerense.
También contempla el decomiso de material propagandístico relacionado con actividades negacionistas y habilita la posibilidad de reemplazar la multa por la realización obligatoria de capacitaciones vinculadas a derechos humanos y memoria histórica.
En paralelo, el proyecto prevé que los funcionarios públicos provinciales que adopten posiciones consideradas negacionistas puedan ser sometidos a procedimientos disciplinarios de acuerdo con el régimen correspondiente a cada cargo o función.
CAPACITACIÓN OBLIGATORIA PARA FUNCIONARIOS
La propuesta de Galmarini incorpora además un esquema de formación obligatoria destinado a todas las personas que se desempeñen en la función pública provincial.
La capacitación alcanzaría a integrantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, sin distinción de jerarquías, y abordaría contenidos vinculados con derechos humanos, terrorismo de Estado, delitos de lesa humanidad y negacionismo.
El incumplimiento de esa obligación podría derivar en sanciones disciplinarias.
CAMBIOS EN LAS ESCUELAS BONAERENSES
Otro de los ejes del proyecto está vinculado al sistema educativo. La iniciativa dispone que todos los establecimientos educativos, tanto de gestión estatal como privada, incorporen contenidos específicos destinados a preservar las políticas de Memoria, Verdad y Justicia y a prevenir expresiones negacionistas.
Los materiales deberán adaptarse a cada nivel educativo e incluir actividades de investigación, análisis y reflexión sobre documentación histórica, sentencias judiciales y testimonios vinculados a los crímenes cometidos durante la última dictadura.
Además, el texto considera una falta grave las expresiones negacionistas realizadas por docentes o autoridades educativas frente a estudiantes, dejando en manos de la autoridad educativa la determinación de las sanciones correspondientes.
CREACIÓN DE UN CONSEJO PROVINCIAL CONTRA EL NEGACIONISMO
La iniciativa también impulsa la creación del Consejo Provincial contra el Negacionismo del Terrorismo de Estado.
El organismo estaría integrado por representantes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, la Comisión Provincial por la Memoria, la Defensoría del Pueblo, la Dirección General de Cultura y Educación y organismos de derechos humanos.
Entre sus funciones figuran la elaboración de campañas de concientización, la promoción de actividades educativas y culturales, la recepción de consultas y denuncias, la elaboración de protocolos de intervención y el diseño de políticas públicas orientadas a prevenir y erradicar conductas negacionistas.
LOS FUNDAMENTOS DEL PROYECTO
En los fundamentos, Galmarini sostiene que el negacionismo surgió en Europa tras la Segunda Guerra Mundial para describir los intentos de relativizar o negar los crímenes cometidos por los regímenes nazi y fascista.
La senadora señala que países como Alemania e Italia incorporaron herramientas legales específicas para combatir esos discursos y advierte que Argentina aún no cuenta con una normativa similar orientada exclusivamente al negacionismo vinculado con los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura.
En ese sentido, argumenta que, si bien el Código Penal contempla la figura de la apología del delito, no existe una tipificación específica para las conductas negacionistas.
El proyecto también sostiene que los crímenes perpetrados durante el régimen militar fueron acreditados mediante el informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), el Juicio a las Juntas y cientos de sentencias dictadas por tribunales federales en todo el país.
Asimismo, remarca la necesidad de fortalecer las políticas públicas vinculadas con la memoria histórica y preservar los consensos democráticos construidos desde el retorno de la democracia en torno al rechazo del Terrorismo de Estado y la defensa de los derechos humanos.
Entre otras medidas, la iniciativa propone la creación de una base de datos pública y digital que reúna el informe “Nunca Más”, la sentencia del Juicio a las Juntas y los fallos dictados en causas por delitos de lesa humanidad, con el objetivo de facilitar el acceso ciudadano a la documentación histórica y judicial sobre el período.
EL PROYECTO LLEGA TRAS UN FALLO HISTÓRICO SOBRE LOS FUSILAMIENTOS DE JOSÉ LEÓN SUÁREZ
La presentación de la iniciativa coincide con una decisión judicial de fuerte impacto simbólico conocida este lunes. A 70 años de los fusilamientos de José León Suárez, la Justicia concluyó el denominado Juicio por la Verdad y declaró que los crímenes cometidos tras el levantamiento del 9 de junio de 1956 constituyeron delitos de lesa humanidad.
La jueza Alicia Vence consideró acreditada la responsabilidad del Estado nacional en la planificación, ejecución y encubrimiento de los hechos ocurridos durante la dictadura encabezada por Pedro Eugenio Aramburu.
El fallo sostuvo que, de encontrarse con vida, los principales responsables deberían haber sido condenados a prisión perpetua. Entre ellos fueron mencionados el expresidente de facto Pedro Eugenio Aramburu, el vicealmirante Isaac Rojas, Juan Constantino Quaranta, Desiderio Fernández Suárez y otros integrantes de la estructura represiva que intervino en los hechos.
La sentencia reconoció además que existió un plan estatal que derivó en el secuestro y posterior fusilamiento de civiles, de los cuales algunos sobrevivieron a los disparos policiales.
