El presidente Alberto Fernández, junto al ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, resolvieron anular la concesión de las autopistas Acceso Norte y Acceso Oeste, cuyos contratos habían sido renegociados durante la gestión del ex presidente Mauricio Macri en 2018.
“Los contratos que se firmaron y homologaron en 2018 fueron claramente desventajosos para el Estado nacional y claramente para los usuarios de las autopistas”, expresó Alberto Fernández y dijo que le pedirán a la Justicia que anule los contratos, a partir de un análisis jurídico y de las auditorías realizadas por la cartera que conduce Katopodis.
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Según indicó el presidente, un usuario que en la actualidad paga alrededor de $100 en los peajes de Autopistas del Sol y del Grupo Concesionario del Oeste, debería pagar $1800 si el contrato renegociado en 2018 hubiera sido homologado.
“Hay una causa Peajes que investiga estos contratos. Hasta el día de hoy no sabemos por qué esa deuda se pagó, por qué se habló de un inminente desenlace en el CIADI; lo único que sí sabemos es que de todo eso resultaron dos contratos significativamente ventajosos para las empresas concesionarias y altamente perjudiciales para el estado nacional y particularmente para los usuarios”, afirmó.
Por su parte, el ministro Katopodis explicó cómo fue la renegociación de los contratos de concesión que se llevó a cabo en 2018, y aseguró que quedaron establecidas las premisas que, a partir de un análisis jurídico, entienden que “determinan la nulidad absoluta de esa negociación”.
“Estableció sin ninguna justificación ni base objetiva una deuda a favor de las empresas concesionarias, de 540 mil millones de dólares en caso de Ausol y de 272 mil millones de dólares en el Grupo Oeste”, manifestó e indicó que “esa deuda no tiene ningún elemento ni ninguna justificación que pudiese ser comprobada”.
“La segunda es la cuestión de la dolarización de ese contrato. El contrato estaba establecido en pesos porque regía un marco normativo en Argentina que había pesificado todos los contratos. En esa renegociación, Macri les otorga una dolarización”, sumó Katopodis.
Y añadió: “En tercer lugar se determina un ajuste del 8% anual, lo que le permite a las empresas tener una rentabilidad extraordinaria. En cualquier contrato de este tipo, no hay una rentabilidad asegurada. Aquí se les estaba otorgando un privilegio con una rentabilidad en dólares”.
El titular de Obras Públicas explicó que los contratos renegociados durante la gestión de Guillermo Dietrich en la cartera de Transporte, determinaron que la deuda que no pudieron corroborar a qué se debía, iba a ser afrontada a lo largo de 10 años de concesión de las autopistas por parte de los propios usuarios de las mismas, quienes afrontarían la supuesta deuda en la tarifa del peaje.
Según reveló el periodista Alejandro Bercovich en 2018, el ex presidente Maurico Macri fue socio de Autopistas del Sol, empresa a la que le permitió aumentar dos veces los peajes antes de vender su participación accionaria.
“Cuando uno revisa en detalle todo lo que se fue estableciendo, uno encuentra una renegociación a medida de las empresas. Se eliminaba la obligación que tiene cualquier privado de agotar las vías administrativas de cualquier reclamo con el Estado; hemos identificado que en toda la operación, en el ministerio de Obra Pública y en Vialidad Nacional, había funcionarios en dos lados del mostrador: tuvieron cargos en las empresas, vinieron al Estado y volvieron a las empresas, cumpliendo en manera detallada lo que sus antiguos empleadores les detallaron”, denunció Katopodis.
Los acuerdos de 2018
En el año 2018 las concesionarias Autopistas Del Sol S.A. (AUSOL) y Grupo Concesionario del Oeste (GCO) firmaron con el gobierno de Mauricio Macri acuerdos que comprometían al Estado con una deuda bruta total de U$S 813.143.839,52.
Además, se establecía una cancelación en cuotas anuales, que irían desde 2018 a 2030, más un interés en dólares del 8% anual. Este interés era capitalizable y si el Estado se retrasaba en el pago el concepto adeudado pasaba a formar parte del capital, incrementando la deuda. Con estos acuerdos, la deuda reconocida y sus intereses ascendía a U$D 1.161.292.387.
A la vez que determinaron que las sumas debían ser percibidas por los concesionarios libres del Impuesto a las Ganancias y que el mismo debía ser abonado a través de las tarifas. Es decir, para cumplir con esas obligaciones, que comprendían afrontar el capital, los intereses o el impuesto a las ganancias, la tarifa necesaria era de hasta 20 veces más de lo que actualmente paga un usuario.
Por otro lado, en la renegociación se acordó que los cuantiosos ingresos generados por la explotación de las estaciones de servicio que se encuentran en ambos Accesos, no formarían parte de la cancelación de la supuesta deuda que asumió el Estado. Así como las obras ejecutadas en los Accesos se realizaron con fondos públicos y no con erogaciones de las empresas concesionarias.
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