Con el Decreto 742/26, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, formalizó el ingreso de la Inteligencia Artificial (IA) a la administración pública bonaerense. La norma crea el marco para el desarrollo, uso y gobernanza de estas herramientas tecnológicas pensando en simplificar procesos y agilizar tareas. Qué dice la letra chica.
El nuevo Marco Provincial para el Desarrollo, Uso y Gobernanza de la Inteligencia Artificial se propone aprovechar “una oportunidad estratégica para mejorar la eficiencia administrativa, optimizar la gestión pública y ampliar el acceso a derechos”, pero garantizando “un uso ético, transparente, seguro y centrado en las personas” de la IA. Por eso el documento sigue los lineamientos de la regulación que ya había aprobado la gestión de Kicillof en noviembre del año pasado.
Como autoridad de aplicación fue designada la Subsecretaría de Gobierno Digital que ahora deberá coordinar, implementar y hacer un seguimiento del instrumento rector. Para ello, la cartera que lidera Sandra D’Agostino va a crear el Registro de Inteligencia Artificial en el cual todos los organismos de la administración pública bonaerense deberán consignar qué herramientas basadas en IA utilizan, entre otras tareas.
El objetivo del Marco Provincial es “promover la incorporación de inteligencia artificial para mejorar la eficiencia, calidad, eficacia, accesibilidad y transparencia de los servicios públicos”. Para el gobierno bonaerense, la IA en la gestión pública “debe concebirse como una herramienta de asistencia y apoyo” de los trabajadores estatales con el objetivo de “simplificar procesos administrativos y agilizar las tareas cotidianas”.
La Suprema Corte bonaerense también intenta ponerse al corriente con la IA
La salida de este nuevo instrumento llega unas semanas después de que la máxima autoridad del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires haga su aporte. Como ya contó INFOCIELO, la Suprema Corte bonaerense redactó un proyecto que está siendo sometido a una consulta pública para regular el uso de la IA en la labor judicial.
El Reglamento para el desarrollo y uso responsable de la Inteligencia Artificial es un documento de 45 páginas que crea una autoridad de aplicación, la Comisión de Gobernanza y Uso de Inteligencia Artificial que deberá abocarse específicamente a estos asuntos. Además, establece una serie de advertencias, exigencias y prohibiciones vinculadas a la IA en el ámbito judicial.
En términos generales, la Suprema Corte ratificó que “la función jurisdiccional es indelegable e insustituible”. Esto significa que “bajo ninguna circunstancia se puede delegar en una IA la toma de decisiones judiciales que impliquen la resolución del proceso o procedimiento administrativo, la valoración de pruebas o la construcción del razonamiento jurídico que fundamenta una resolución o sentencia“.
Otra de las definiciones destacadas del máximo tribunal es que “el uso de herramientas de IA no exime de su plena responsabilidad al operador judicial“. De esta manera, le está diciendo a los funcionarios que, más allá de la responsabilidad que pudiera tener el proveedor de la herramienta, son ellos quienes deben “ejercer un control sustantivo, efectivo y documentado” de la IA que utilicen.
