En el país, hay un 48 por ciento de pobreza infantil, lo que representa a más de 6 millones de niños y niñas que viven en condiciones indignas: con una mala alimentación, poco acceso a servicios básicos como agua, luz y gas y poco acceso al estudio.
Los datos fueron confirmados el año pasado por el observatorio que dirige la Universidad Católica Argentina (UCA) y también por Unicef. Sin embargo, el gobierno de Mauricio Macri realizó un fenomenal recorte a escondidas, de unos 900 millones de pesos destinados a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia.
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Luego de un cuarto intermedio y de una intensa reunión de labor parlamentaria, en la que acordaron no tratar la “ley corta” pedida por el gobernador Axel Kicillof, la Cámara Alta aprobó temas que se acordaron para no hacer caer la cita legislativa. Magario volvió a cerrar el palco para la prensa.
El ajuste, además, es inconstitucional por haberse realizado bajo un decreto que reemplazó el fondo aprobado desde el Congreso. Presupuesto que votó tanto la oposición como el propio oficialismo.
Así, en un contexto de fuerte crisis económica que castiga a los más humildes, el gobierno de Cambiemos decidió impulsar un mayor ajuste en áreas realmente sensibles como el de niñez. Pese a que –literalmente- la mitad de los niños en el país son pobres.
El recorte a través de un decreto también se dio en la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes (28 millones), organismo que tiene a cargo el seguimiento sobre el funcionamiento de las políticas destinadas a esta población, y a la Comisión Bicameral que todavía debe designar a un defensor o defensora (punto aparte es este tema, que desde 2005, cuando se sancionó la ley de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, no se ha nombrado a ningún defensor).
La polémica medida fue firmada el pasado 11 de enero por el jefe de gabinete Marcos Peña y por el ministro de Economía, Nicolás Dujovne, a quienes se les critica pasar por sobre las decisiones tomadas en el Congreso de la Nación.
De esta manera, expertos en el tema aseguran que con el ajuste, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, así como la Defensoría, no lograrán siquiera recuperar el presupuesto equivalente al 2018. Si en este punto se tiene en cuenta el nivel inflacionario que pesará este año, se puede deducir un futuro preocupante para la niñez en la Argentina.
Para el presidente, sin embargo, “este es el único camino”.
Por esta razón, organizaciones sociales y políticas que trabajan con la niñez realizaron un reclamo dirigido a la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley. La respuesta todavía no llegó.
“Esperamos que los fondos se restituyan inmediatamente porque la medida es inconstitucional. El Congreso aprueba el presupuesto y el Ejecutivo no puede desautorizarlo de esa manera. Además, es contrario a la ley de protección integral, que establece la intagibilidad de los presupuestos destinados a Infancia“, dijo para El Destape, Julieta Izcurdia, abogada de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).
Las organizaciones se aferran al principio de no regresividad establecido en la ley de protección integral, la cual afirma que no se puede recortar la cantidad de fondos afectados para la niñez.
Ante este panorama, el gobierno no solo avanzó contra los fondos vitales para poder erradicar la pobreza y contener a la niñez emergente del país, sino que también ha relanzado su vieja campaña para intentar bajar la edad de imputabilidad en menores, esta vez hasta los 15 años.
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