La iniciativa legislativa tiene por objeto el juzgamiento en los municipios de las faltas vinculadas con la protección de los recursos naturales y la calidad de vida de la población, cometidas en forma individual por personas, o por entidades públicas o privadas.
Están comprendidas en el proyecto presentado: las acciones, omisiones o actividades que, directa o indirectamente, degraden o sean susceptibles de degradar el suelo, las aguas, la atmósfera, la flora y la fauna, deteriorando las áreas en las que residen los habitantes en forma incipiente o de manera irreversible.
Las faltas establecidas por ley mediante el citado régimen, serán sancionadas con las penas de: amonestación, multa, arresto e inhabilitación, las que podrán ser aplicadas en forma alternativa o conjunta; habiéndose dispuesto en la iniciativa la posibilidad de reemplazar –en determinados casos- el monto de las multas por trabajo voluntario relacionado con tareas de forestación, saneamiento ambiental o similares.
Uno de los capítulos del proyecto de ley presentado por el diputado Carlos Nivio, desarrolla pormenorizadamente, en forma de código, las diversas alteraciones de las condiciones naturales que pudiesen afectar a los ecosistemas y a sus partes componentes, estableciéndose un marco referencial para que los Jueces Municipales de Faltas puedan aplicar las sanciones correspondientes a cada caso en particular.
La iniciativa del legislador del Partido Socialista, dispone que las autoridades municipales encargadas de la fiscalización del cumplimiento de la legislación ambiental, quedarán facultadas para realizar inspecciones, extraer muestras, efectuar las determinaciones necesarias y constatar las infracciones a las normas establecidas. Una vez elaborados los informes técnicos correspondientes deberán ser remitidos a los Juzgados Municipales de Faltas.
El proyecto de ley plantea la participación de las Universidades, de los organismos nacionales y provinciales de gestión ambiental, y de Organizaciones No Gubernamentales dedicadas a la protección del medio ambiente, a fin de evaluar la magnitud de los daños producidos. De igual forma, para los casos más importantes, se consultará a las entidades ecologistas y la comunidad en general, convocándose a Audiencias Públicas para su tratamiento.
Por otra parte, se disponen criterios para la calificación de la conducta del infractor y la graduación de las sanciones, teniéndose en consideración también, diversos agravantes para la sanción de las infracciones cometidas, tales como los daños producidos y la afectación a la comunidad.
Otros aspectos relevantes del proyecto de ley son: los Registros de Contraventores Ambientales, a cargo de los Juzgados de Faltas; la publicación de los mayores contraventores registrados, indicándose las faltas cometidas y sanciones aplicadas; así como la realización de campañas de concientización pública sobre las disposiciones relacionadas con la preservación del medio ambiente y las sanciones que correspondan por su incumplimiento.
En los fundamentos de su iniciativa, el diputado Carlos Nivio expresa que la falta de códigos contravencionales completos y actualizados en las comunas, genera un estado de impotencia por parte de las administraciones y deriva en un incremento constante de las acciones degradantes, en la medida en que se observan las dificultades de las autoridades municipales para dictar penas precisas y ejemplares restricciones.
El legislador socialista destaca que el proyecto de ley presentado posibilita que los Jueces Municipales de Faltas cuenten con un marco legislativo concreto y ordenado sobre el cual apoyarse para determinar con gran amplitud y libertad de criterio el tipo de pena y la magnitud de la sanción a aplicar ante cada caso en particular.