El conflicto en torno al desarrollo inmobiliario Miradores de Montecristo, proyectado en Tandil, expone un entramado de versiones contrapuestas entre el Municipio y los impulsores del proyecto, de carácter privado, quienes denuncian un “bloqueo administrativo” deliberado. La polémica escaló a nivel de declaraciones públicas cruzadas y hasta una cámara oculta.
Desde el Ejecutivo local que comanda Miguel Lunghi sostienen que el predio se encuentra en una zona rural no urbanizable según el Plan de Desarrollo Territorial (PDT). El área, afirman, no admite urbanización y porque existirían cuestiones pendientes vinculadas a la titularidad y sucesión de las tierras, lo que impediría autorizar obras como la apertura de calles. Desde esa perspectiva, las objeciones tendrían un fundamento estrictamente técnico y normativo.
Así lo explicó públicamente el Secretario de Obras Públicas, Luciano Lafosse, en medio de una polémica que suma capítulos casi a diario.
Del otro lado, particulares y herederos vinculados al proyecto aseguran que el expediente administrativo N.º 5890/24 se encuentra paralizado sin resolución formal. En un pedido de pronto despacho dirigido al intendente Miguel Ángel Lunghi, denunciaron lo que caracterizan como un bloqueo político intencional, que —según sostienen— les estaría generando perjuicios económicos y legales. En ese escrito también señalaron la supuesta desaparición de fojas del expediente y cuestionaron declaraciones públicas del jefe comunal en las que habría afirmado haber solicitado una “cautelar” para frenar el trámite, algo que los denunciantes consideran impropio de un funcionario del Ejecutivo.
En ese contexto de disputa administrativa y política, los desarrolladores afirman contar con un registro de audio obtenido mediante una cámara oculta, cuyo contenido —según indican— reflejaría conversaciones mantenidas con el secretario de Obras Públicas del Municipio, Luciano Lafosse. La transcripción de ese diálogo, difundida por los denunciantes, agrega un nuevo elemento a la controversia, aunque su veracidad y alcance no han sido validados judicialmente.
En el intercambio, Lafosse y el desarrollador Gastón Giove dialogan sobre la existencia y localización de expedientes, las respuestas emitidas por la Provincia y los requisitos necesarios para avanzar con el proyecto. En varios tramos, el funcionario municipal señala que ciertos expedientes “son nuestros” y que la respuesta provincial se limitaría a “cuatro hojas”, en aparente contradicción con la percepción del desarrollador, que menciona un volumen mayor de documentación.
El diálogo también aborda la cuestión de quiénes estarían habilitados para presentar proyectos ante el Municipio. Allí, Lafosse plantea la necesidad de verificar si quienes impulsan el trámite cuentan con aval suficiente, no necesariamente en términos de escritura, sino de legitimación para avanzar. Giove, por su parte, replica que en otros desarrollos de gran escala no se exige escritura individual para iniciar el proceso, y cuestiona que se introduzcan requisitos que —según su interpretación— no serían habituales.
En un tramo particularmente sensible de la conversación, el desarrollador menciona el nombre del empresario Luis Cerone y pregunta cuál sería su vinculación con el expediente. Lafosse responde que no se refiere a la titularidad de la tierra, sino a verificar quiénes están habilitados para presentar el proyecto. Esa referencia se suma a lo ya publicado por La Voz de Tandil, donde los denunciantes afirman que Cerone habría tenido un rol informal en el conflicto, algo que hasta el momento no fue acreditado en sede judicial.
Desde el Municipio no hubo, hasta ahora, una respuesta pública específica sobre el contenido de ese diálogo ni sobre la existencia del registro mencionado por los desarrolladores. Tampoco se informó si se inició alguna actuación administrativa o legal para esclarecer las denuncias.
