La Justicia Federal avanzó sobre un presunto fraude millonario contra el PAMI en Pergamino. La fiscalía imputó al presidente, al director médico y a un profesional de la salud de una clínica privada por haber facturado consultas y prácticas médicas que, según la investigación, nunca se realizaron a afiliados de la obra social de jubilados.
La fiscalía calculó que el fraude provocó inicialmente una pérdida de $1.644.662 para el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP). Sin embargo, tras una actualización realizada por el propio PAMI, el monto ascendería actualmente a $3.242.369.
La causa quedó formalmente abierta en la Sede Fiscal Descentralizada San Nicolás, a cargo del fiscal federal Matías Di Lello, y está en manos del juez federal Carlos Villafuerte Ruzzo.
Según la acusación dada a conocer por el sitio oficial Fiscales.org las maniobras habrían ocurrido entre abril y diciembre de 2024 y generaron un perjuicio económico millonario al Estado nacional.
De acuerdo con la investigación, se detectaron 191 órdenes médicas electrónicas (OMES) vinculadas a 28 afiliados del PAMI que figuraban como atendidos en la Clínica Centro SA de Pergamino, aunque las prestaciones nunca habrían existido.
La fiscalía sostuvo que las órdenes eran cargadas en el sistema oficial de PAMI utilizando datos personales de afiliados, como DNI y número de trámite, para luego facturar las consultas y estudios desde el usuario informático de la clínica.
El juez dispuso para los tres imputados una caución real de 10 millones de pesos y la prohibición de salir del país por 90 días, mientras continúa la investigación.
Cómo detectaron las maniobras
La causa comenzó a partir de la denuncia de una afiliada de PAMI, que advirtió que en su historial de la aplicación aparecían estudios médicos que nunca se había realizado y que figuraban como efectuados en la clínica investigada.
A partir de esa presentación, la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos cometidos en el ámbito de PAMI comenzó a relevar otros casos similares.
Según la fiscalía, las irregularidades fueron corroboradas mediante llamados telefónicos a afiliados, entrevistas, análisis informáticos, tareas de campo y un allanamiento realizado por la Policía Federal.
Muchos de los pacientes consultados aseguraron que jamás se atendieron en ese centro médico y algunos incluso señalaron que evitaban concurrir por problemas en la atención, optando por el hospital público.
Durante el allanamiento, además, no habrían aparecido historias clínicas vinculadas a las prácticas facturadas, documentación obligatoria tanto para PAMI como para el sistema sanitario.
El rol del médico investigado
La fiscalía también puso el foco en un médico que trabajaba en el área de internación de la clínica, al que consideró “partícipe necesario” de la maniobra.
Según el expediente, el profesional habría emitido 100 de las 191 órdenes médicas detectadas, correspondientes a 14 afiliados distintos. Solo entre junio y agosto de 2024 habría confeccionado 87 órdenes.
Uno de los elementos que llamó la atención de los investigadores fue la velocidad con la que se generaban las órdenes: el sistema registró emisiones cada 4 a 8 segundos para un mismo paciente, un tiempo incompatible con una consulta médica presencial real.
Entre las prácticas que figuraban facturadas aparecían electrocardiogramas, radiografías de tórax y estudios abdominales vinculados a supuestos “controles generales de salud”.
Una auditoría previa ya había detectado problemas
La investigación también incorporó una auditoría realizada por PAMI en agosto de 2024 sobre la clínica. Ese informe ya advertía serias deficiencias en el funcionamiento del establecimiento.
Entre otras cuestiones, señalaba falta de personal profesional y administrativo, problemas de documentación, escasez de equipamiento y dificultades para garantizar las prestaciones acordadas con la obra social.
Por ahora, la fiscalía mantiene abierta la investigación para determinar si hubo otros profesionales involucrados en las maniobras denunciadas.
