La investigación por el presunto funcionamiento de la denominada “Mesa judicial” dedicada al espionaje ilegal y al armado de causas contra sindicalistas y dirigentes políticos durante la gestión bonaerense de María Eugenia Vidal, continuará tramitándose en los tribunales de La Plata.
Es que la Sala II de la Cámara Federal de La Plata, a cargo del juez Jorge Di Lorenzo, desestimó el pedido de su par porteño Marcelo Martínez de Giorgi, quien reclamaba su traslado a los tribunales de Comodoro Py (allí se tramita una causa conexa).
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De esta forma, fue ratificado al frente de la investigación el juez Ernesto Kreplak, quien ya había desestimado el planteo de las defensas por “razones de economía procesal y mejor administración de justicia”.
Para el juez Jorge Di Lorenzo, los hechos que se investigan se habrían cometido tanto en la ciudad de Quilmes, La Plata, Ensenada, como en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El fallo, dado a conocer por el sitio Palabras de Derecho, señala que “se habría cometido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al menos, una parte del delito del art. 43 ter de la Ley de Inteligencia; en Quilmes y La Plata lo vinculado más directamente con el supuesto prevaricato, y en Ensenada también las tareas de inteligencia ilegal llevadas a cabo por algunos funcionarios de la AFI”.
Por ello respaldó los fundamentos de cuestiones de “economía procesal” para definir que la competencia es de la Justicia Federal de La Plata, en virtud de “favorecer, junto con el buen servicio de la justicia, la defensa de los imputados”.
En esa dirección, ponderó que en la capital bonaerense se encuentran los domicilios de la mayoría de las partes y existe un mayor grado de desarrollo y avance de la investigación.
La causa por la “Gestapo judicial”
La causa salió a la luz a partir del escándalo por la reunión de funcionarios de María Eugenia Vidal, espías de la AFI, empresarios y políticos locales en la que planificaban el armado de una causa judicial contra el ex titular de la UOCRA La Plata, Juan Pablo “Pata” Medina.
El encuentro llevado a cabo en 2017 en la sede porteña del Banco Provincia, salió a la luz a partir de una denuncia formulada por la exinterventora de la AFI, Cristina Camaño, tras el hallazgo de un video que registró la reunión.
A raíz de la prueba y otros elementos recolectados, son investigados el exministro de Trabajo del gobierno de Vidal, Marcelo Villegas, autor de la polémica frase “Si yo pudiera tener una Gestapo, lo haría” y varios funcionarios políticos, empresarios y profesionales.
Entre ellos, el exjefe de gabinete de la AFI, Darío Biorci; el exdirector general de Asuntos Jurídicos de la AFI, Juan Sebastián De Stéfano, el intendente de La Plata, Julio Garro, el exdirector operacional de contrainteligencia, Diego Dalmau Pereyra, el exsubsecretario de Justicia Adrián Grassi, el senador Juan Pablo Allan y el exjefe de gabinete del organismo Darío Biorci.
En la reunión también estuvieron presentes, el exministro de Infraestructura Roberto Gigante y los empresarios y profesionales Marcelo Jaworski, Ricardo José Alconada Magliano, Guillermo Federico Moretto, Jorge Oscar Del Río, Fabián Rolando Cusini y Bernardo Luís Zaslascky.
A los imputados se los acusa de haber participado de una estrategia dirigida a perjudicar al dirigente de la UOCRA de La Plata, su entorno y a la entonces conducción de la seccional de la capital bonaerense, para la cual se habrá recurrido a maniobras de inteligencia ilegal.
En el plano político, el Frente de Todos impulsa el juicio político contra el procucador Julio Conte Grand aunque no ha logrado los acuerdos necesarios para llevar la discusión al recinto.
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