Pablo León, presidente de la Asociación Civil de Conductores de Aplicaciones Unidos de la República Argentina (Accaura), expuso la postura del sector frente a las autoridades de la capital bonaerense. El dirigente gremial recalcó la necesidad de tratar en forma urgente un proyecto de ordenanza propio para los vehículos que prestan servicios mediante plataformas digitales. Asimismo, el referente advirtió que la ciudad mantiene un marcado retraso respecto de otras regiones del país donde la actividad ya cuenta con normativa legal.

En esa línea, el representante explicó que el reclamo formal busca un pronto despacho dentro del cuerpo deliberativo local. En diálogo con “Palabras + Palabras -” en LA CIELO 103.5, reveló que los trabajadores solicitan una suspensión temporal por 120 días a las multas y los secuestros de automotores. Esta medida busca generar un clima de tranquilidad institucional para discutir los detalles del marco regulatorio sin la presión de las sanciones viales.

Consenso político y necesidad de un marco legal en el transporte local

Sobre el estado de las conversaciones con los bloques políticos, León declaró en el medio radial: “Nosotros tuvimos reuniones ya con varios concejales, ya hubo un consenso entre al menos entre las dos fuerzas principales, lo que tiene que ver con el peronismo y con la gente de La Libertad Avanza para trabajar ya en un proyecto de regulación, porque la verdad que no tiene mayor sentido hacer esperar esto”.

Al comparar la situación local con la de otras jurisdicciones, el presidente de Accaura remarcó la demora del municipio bonaerense al afirmar que “ya salió hace poquito la regulación en hace un par de días en Rosario, así que todas las ciudades importantes del país prácticamente están ya con regulación de aplicación, y La Plata es la única que viene muy atrasada en tal sentido“.

En cuanto a la importancia de fijar pautas operativas, el dirigente fundamentó la postura gremial con una afirmación sobre el valor de la ley: “Es preferible una regulación a que no exista”. Según expuso en la nota radial, este resguardo normativo resulta indispensable porque “eso brinda un marco de seguridad jurídica a todas las partes que participan en la actividad, eso es lo más importante“. De este modo, justificó la conveniencia de ordenar el rubro.

Por último, al evaluar la falta de respuestas concretas tras meses de gestiones, León graficó el malestar de los trabajadores con una metáfora sobre el estancamiento del expediente: “Esto parece que no avanza más, es el perro que busca morderse la cola todo el tiempo y no llega“.

Solicitud de tregua administrativa y diálogo institucional

El reclamo presentado ante el Concejo Deliberante cuenta además con el respaldo del Sindicato de Choferes Particulares, representado por su delegado regional Maximiliano Quiroz. Ambas entidades exigieron respuesta formal sobre seis puntos clave, entre los cuales destacan la confirmación del estado del trámite y la fijación de una fecha concreta para iniciar las reuniones de trabajo.

Las agrupaciones aclararon que la petición de pausar los controles municipales durante 120 días no implica rechazar las facultades de inspección de la comuna. Por el contrario, los conductores reiteraron la voluntad de construir alternativas de convivencia con los servicios tradicionales y pidieron abrir un espacio de negociación institucional con todos los sectores involucrados.