La investigación por la muerte de Alejandro Zalazar, médico residente del Hospital Rivadavia, abrió una línea inquietante sobre el presunto desvío de anestésicos de uso hospitalario hacia ámbitos privados. El profesional, de 34 años, fue encontrado sin vida en su departamento del barrio porteño de Palermo y la principal hipótesis apunta a una sobredosis de propofol y fentanilo, dos sustancias de alta potencia utilizadas en procedimientos médicos.
A partir de ese episodio, la Justicia avanzó sobre dos colegas del ámbito sanitario: Hernán Boveri y Delfina Lanusse, quienes quedaron imputados en una causa que indaga la posible utilización irregular de fármacos fuera del circuito legal. Ambos profesionales son investigados por su presunta participación en encuentros privados donde estas drogas habrían sido administradas en un contexto no terapéutico.
Boveri, anestesiólogo con trayectoria en el Hospital Italiano, contaba con reconocimiento en espacios académicos vinculados a su especialidad, incluso con participación en congresos y actividades científicas. Tras quedar bajo la lupa judicial, fue apartado de sus funciones. En tanto, Lanusse, residente de tercer año en la misma institución, había iniciado su formación médica luego de un paso por carreras vinculadas a negocios y acumulaba experiencia clínica reciente.
Los dos fueron indagados por el fiscal Lucio Herrera en marzo —Lanusse el día 18 y Boveri el 25— mediante audiencias virtuales en las que rechazaron las acusaciones. Mientras avanza el expediente, se les prohibió salir del país y preparan sus estrategias de defensa.
El caso tuvo su punto de partida el 20 de febrero, cuando Zalazar fue hallado muerto en su vivienda. Según las primeras pericias, el cuerpo presentaba signos compatibles con prácticas médicas: tenía una vía colocada, marcas de catéter y elementos descartables en la escena. La autopsia detectó edema pulmonar y cerebral, hallazgos compatibles con una intoxicación por anestésicos.
Días después, una denuncia del Hospital Italiano por faltantes de medicación encendió las alarmas y derivó en allanamientos que permitieron establecer que las sustancias halladas en el departamento del fallecido provenían de ese centro de salud. La causa quedó a cargo del juez Martín Sánchez Sarmiento.
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En paralelo, surgieron versiones sobre reuniones privadas entre profesionales de la salud donde se consumían estos fármacos con fines recreativos. En esos encuentros —según testimonios que circularon de manera extraoficial— se ofrecían experiencias controladas bajo supervisión, en las que una persona monitoreaba el estado de quien consumía las sustancias.
Aunque ese material aún no fue incorporado formalmente al expediente, orientó parte de la investigación hacia un posible circuito cerrado de uso indebido de anestésicos. La fiscalía busca determinar si existió, además, algún tipo de comercialización o intermediación en estas prácticas.
