Se calcula que el procedimiento policial que se desarrolla ante cada amenaza de bomba a una escuela le cuesta al Estado unos 30.000 pesos. Y teniendo en cuenta que durante la primera quincena de septiembre pasado las intimidaciones públicas fueron un promedio de 18 por cada día hábil en los establecimientos educativos de La Plata, Berisso y Ensenada, las pérdidas en esta región alcanzó la preocupante suma de 540.000 pesos por jornada, informaron fuentes oficiales a INFOCIELO.
Esta situación puso en alerta a las autoridades policiales y judiciales, y en la DDI La Plata, su titular, Néstor Muñoz, creó el Gabinete de Intervención en Intimidaciones Públicas, para trabajar en mancomunión con el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, quien centraliza todas las investigaciones de amenazas de bombas a escuelas.
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Desde que el Gabinete entró en acción ya fueron identificados siete menores de edad y dos jóvenes, a los que se les secuestró los teléfonos, y dicen que poco a poco van a caer todos los que realizan estas amenazas.
“Hemo visto el impacto. Para la primera semana de octubre las amenazas de bombas a escuelas descendieron a un promedio de ocho casos diarios”, detalló un vocero policial a este portal.
De hecho en las últimas horas un menor de 15 años y su madre de 51 fueron notificados del inicio de una causa penal por intimidación pública luego de un allanamiento realizado en una casa en Berisso.
El procedimiento se efectuó en una vivienda de la zona de 162 y 25, donde los detectives incautaron un celular y dos tarjetas SIM.
La investigación se había iniciado el pasado 3 de septiembre cuando la Escuela de Enseñanza Técnica Nº 2, ubicada en 12 y 169, recibió un llamado en el que una voz de un menor indicaba que en el colegio iba a explotar una bomba.
De inmediato se aplicó el protocolo: se desalojó el establecimiento y efectivos de la Dirección de Explosivos revisaron cada rincón de las instalaciones, hasta comprobar que se había tratado de una broma.
Luego, con el transcurrir de los días, se repitieron al menos 13 amenazas más y los detectives identificaron que siempre se realizaron desde el mismo teléfono móvil.
Con el aval del fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta se registró anoche la casa de la dueña de la línea del celular desde sonde se realizaban las intimidaciones, con el secuestro del aparato y dos tarjetas SIM.
Un vocero judicial confirmó que Fiscalía de Estado iniciará acciones legales dentro del ámbito civil para que la progenitora del menor pague los gastos económicos ocasionados por las bromas de su hijo.
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