En el marco de la causa que investiga una estafa al Estado Nacional por más de dos millones de pesos con la Tarjeta Alimentar protagonizada por una empleada municipal de Pinamar y cuatro cómplices, la Justicia dictó en las últimas horas los procesamientos, informaron fuentes judiciales.
Entre los procesados figura Andrea Ríos, de 52 años, secretaria privada de la directora general de Gestión y Coordinación Territorial de la Municipalidad de Pinamar, Nora Ponce.
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Además de Ríos, la justicia imputó por estafa y asociación ilícita, al esposo, José “Pepito” Fons, y tres presuntos cómplices: Nicolás Ambao, de 47 años, Carlos Rosas, de 51 y Diego Borea, de 40.
La fiscalía especializada en delitos de corrupción del departamento judicial de Dolores, del fiscal Mario Pérez, solicitó las detenciones y desde el Juzgado de Garantías N° 6 de Villa Gesell, del magistrado Diego Olivera Zapiola, dispusieron los procesamientos de los cinco sospechosos.
Sobre Ríos, Fons y Ambao se dictó la prisión preventiva y se dispuso un embargo de 10.000 millones de pesos.
La causa se comenzó a investigar en marzo pasado cuando Ponce detectó que había tarjetas alimentar, del Programa “Argentina contra el hambre”, impulsado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, las que no habían sido retiradas por personas en estado de vulnerabilidad, y que a pesar que se le habían asignado fondos, tenían saldo cero.
Las irregularidades se advirtieron en 55 tarjetas y a medida que avanzó la pesquisa se determinó la maniobra de estafa al Estado que habría organizado Ríos y sus cómplices.
Para la causa quedó acreditado que “los dispositivos electrónicos de pago usados en -al menos- 55 tarjetas alimentar que no fueron entregadas a sus beneficiarios ni devueltas al Ministerio de Desarrollo Social en su momento (esto es, mientras estuvieron a resguardo de la Sra. Ponce en el área municipal indicada) fueron los que usaron Diego Antonio Borea (Visa Posnet) y Carlos Fabián Rosas (Naranja Pos) quienes -de ese modo y prima facie- sustrajeron fondos públicos destinados a personas vulnerables por un total aproximado de más de $ 2.000.000”.
“Para poder disponer del dinero que sustraían de las tarjetas, una vez acreditadas las liquidaciones de las operaciones electrónicas, realizaban transferencias bancarias la cuenta bancaria de Borea (Terminal Visa Posnet, Banco Santander) a favor de Ambao (Banco ICBC) y Rosas (Terminal Naranja Pos, Banco Itaú, Wilobank) quienes eran los que retiraban el efectivo”, se añadió en el pedido de procesamientos.
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