La trama por presuntas causas armadas en el departamento judicial de Lomas de Zamora empieza a trazar un círculo sobre la figura de Julio Conte Grand, Procurador General, jefe de todos los fiscales de la provincia de Buenos Aires y muy cercano a Cambiemos.
El exdetective de la DDI de Lomas de Zamora, Carlos “Dibu” Gómez es uno de los imputados por la conocida causa La Salada dos, en la que policías y civiles están acusados de conformar una asociación ilícta.
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El juicio lo lleva adelante el Tribunal Oral Criminal N° 7 de Lomas de Zamora y este miércoles arrancan los alegatos de los abogados defensores.
En los pasillos judiciales se habla de un gran escándalo por esta causa y Gómez ya denunció ante el Consejo de la Magistratura al fiscal general adjunto Sebastián Scalera y al juez de garantías Sebastián Monelos, como informó ayer INFOCIELO.
Ahora, el exdetective Gómez, presentó una denuncia en la Secretaría de Control disciplinario y enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal para que investigue a Scalera y Monelos.
En la presentación, Gómez le apunta también al Procurador de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, al que acusa de haber ejercido presión en la fiscalía de Lomas de Zamora para que no rechacen en 2018 los pedidos de prisión preventiva de los acusados.
Gómez sostiene que Scalera, su secretario Ignacio Torricino y el juez Monelos realizaron allanamientos ilegales y peticionó que se formen actuaciones por la presunta comisión del delito de acción pública.
El exdetective de la DDI pidió que esa investigación la lleve adelante la justicia de La Plata debido a que Scalera tiene influencias en el distrito de Lomas de Zamora.
Hay que recordar que Casación Penal falló en contra de los pedidos de Scalera, Monelos y el Tribunal Oral y a Gómez primero le otorgó la prisión domiciliaria y luego el excarcelamiento, en una clara opinión de que la instrucción penal cayó en severas irregularidades.
En la presentación ante la Secretaría de Control disciplinario mencionada se sostiene que los funcionarios judiciales denunciados cayeron en el “uso de denuncias falsas. Utilización de prueba ilegal. Aplicación de la figura de arrepentido cuando no corresponde. Ausencia de elementos para determinar que el acusado fue jefe de una asociación ilícita. Contradicciones, “lagunas lógicas e imprecisiones en la motivación de la requisitoria fiscal de elevación a juicio, que violaron el debido proceso y el derecho de defensa”. Investigación direccionada “a intentar incriminar al intento imputado y a Hugo y Pablo Moyano”. Por tanta perfección jurídica el presidente de la sala III de la Casación Bonaerense, el juez Víctor Violini, pidió el sobreseimiento del ex secretario general de Independiente Héctor Maldonado.
Violini también escribió que “ante la posible o probable comisión de un delito de acción pública por parte del Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, corresponde remitir copia de la presente sentencia” al juez federal de La Plata que sea sorteado.
El presidente de la sala III de Casación, la máxima instancia penal específica porque luego está la Suprema Corte, pidió tener en cuenta el contexto de lo que llamó, en latín, “strepitu fori”, o sea un gran escándalo. El estrépito en la plaza pública incluyó, según Violini, “el descubrimiento de una ‘mesa judicial’ destinada a incriminar falsamente a sindicalistas, contando para este fin con el apoyo de políticos, empresarios y miembros del Poder Judicial”. Es una referencia a la Operación Gestapo que encabezó Marcelo Villegas, el ministro de Trabajo de la gobernadora María Eugenia Vidal que quiso formar una fuerza especial contra los gremios.
Gómez afronta dos acusaciones y sostiene que ambas fueron armadas. Por un lado se lo acusa de conformar una asociación ilícita en la que habría cobrado dinero a feriantes de La Salada para sus jefes, y por el otro una causa de abuso sexual en perjuicio de un hijo de 7 años.
Para el exdetective, la segunda causa fue digitada para extorsionarlo con el fin de que declare en contra de otros acusados en la investigación penal conocida como La Salada dos.
Romano explicó que el nene de 7 años, el presunto hijo abusado, declaró en Cámara Gesell y dijo que no le había pasado nada, pero aún así no archivan la causa.
En tanto, trascendió que el abogado Christian Romano, defensor de otros de los imputados, denunciará en el alegato las irregularidades de esta causa, las denuncias que tiene Scalera, la persecución de opositores al gobierno de María Eugenia Vidal y la inconstitucionalidad de la ley del arrepentido en la Provincia.
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