La fiscal federal Ana Miriam Russo solicitó la imputación de María Eugenia Vidal por el delito de presunta asociación ilícita y solicitó que analicen las llamadas entrantes y salientes del celular de la exgobernadora entre el periodo mayo y diciembre de 2017, en el marco de la causa conocida como mesa judicial , fuentes judiciales informaron.
La fiscal dio así lugar al pedido del abogado César Albarracín, quien representa legalmente al gremialista Juan Pablo “Pata” Medina.
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Russo agravó la calificación de averiguación de ilícito a presunta asociación ilícita y además de pedir el análisis de los celulares de los integrantes de la reunión filmada el 15 de junio de 2017 en las oficinas del Banco Provincia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, requirió el análisis de los teléfonos móviles de Vidal y de empresarios.
Entre los elementos que agravaron el encuadre legal la fiscal encontró falsificación de documentos públicos.
Los requerimientos ya fueron elevados al Juzgado Federal N° 3 de La Plata, cuyo titular es el juez Ernesto Kreplak.
Como se recordará, en el video difundido, que ahora investiga la Justicia federal platense, aparecían, entre otros, el por entonces ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas; el exministro de Infraestructura provincial, Roberto Gigante; Adrián Grassi, exsubsecretario de Justicia bonaerense; Juan Pablo Allan, senador provincial de Juntos por el Cambio electo por la octava sección electoral (La Plata); y el intendente de la capital provincial, Julio Garro.
Además, se encontraban empresarios y los espías Juan Sebastián De Stefano, director de jurídicos de la AFI, y Darío Biorci, jefe de gabinete del organismo de inteligencia durante la gestión de Cambiemos y cuñado de Silvia Majdalani, exsubdirectora de la AFI.
En el encuentro, Villegas expresó su deseo de tener una “Gestapo” -la policía política del régimen nazi- para “embestir contra los gremios” en Argentina.
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