Juan Pedro Martín Burs y Roberto Gastón Giove, con el patrocinio del abogado Jorge Heter, presentaron una denuncia ante la Subsecretaría de Control Disciplinario de la Suprema Corte de Justicia bonaerense para que se investigue y eventualmente se sancione al juez José Federico Peña, quien se desempeña en el Juzgado Civil y Comercial N° 1 de Azul, informaron fuentes judiciales.
Los denunciantes sostienen que el magistrado incurrió en faltas graves en el ejercicio de sus funciones, entre ellas impericia, negligencia, incumplimiento de deberes, actos de parcialidad e irregularidades procesales.
De acuerdo con la presentación, Peña intervino en la causa “Ramírez Juan Miguel c/ Giove Roberto Gastón y otro/a s/ acciones posesorias” (Expte. N° 67.934) a pesar de estar alcanzado por una causal de excusación obligatoria.
Según los denunciantes, el juez mantendría una amistad personal y vínculo académico con la abogada de la parte actora, Silvia Rosana Fernández, con quien comparte cátedra en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Centro (UNICEN).
El propio magistrado habría reconocido el vínculo en una excusación presentada meses después de haber dictado varias resoluciones en el expediente. En ese escrito, Peña admitió que lo unía con la letrada una “afectuosa relación amistosa de camaradería con gran familiaridad y frecuencia en el trato”.
Excusación tardía
Los denunciantes calificaron la excusación como tardía y advirtieron que los actos procesales dictados previamente estarían viciados de nulidad. Además, señalaron que el juez permitió actos de mala fe procesal de la abogada interviniente, quien habría aprovechado su cercanía con el magistrado para introducir escritos con acusaciones personales contra las otras partes.
La presentación solicita que la Suprema Corte disponga la apertura de una investigación disciplinaria, ordene la remisión de copias certificadas del expediente y oficie a la Facultad de Derecho de la UNICEN para confirmar el vínculo docente entre el juez y la letrada. También se pide revisar otros expedientes donde Fernández haya intervenido ante el mismo juzgado.
El pedido concluye reclamando que se sancione al juez “por actos que comprometen la dignidad del cargo y el prestigio del Poder Judicial”, y se garantice la recta administración de justicia.
