La defensa del empresario Ricardo Miller, uno de los imputados en la causa que investiga presuntas irregularidades en el manejo de fondos millonarios durante la gestión del entonces gobernador bonaerense Daniel Scioli, recusó a la jueza de Garantías Marcela Garmendia, por lo que la clausura de la instrucción se postergó hasta que se decida ese incidente, informaron fuentes judiciales a INFOCIELO.
Los abogados del empresario fundamentaron la recusación al considerar que la jueza habría sugerido que se tomen algunas pruebas, según explicó la fuente a este portal. Y según trascendió, la misma actitud tomaría la defensa del extitular del IOMA, Antonio La Scaleia.
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Ahora será la misma Garmendia, titular del Juzgado de Garantías n° 5 de La Plata, la que debe resolver si acepta el pedido de recusación o lo rechaza.
Ante esta situación, el pedido de clausura de la instrucción se posterga, y con ello la posibilidad de que la causa se eleve a juicio.
El cerrar la instrucción tras denegar pedidos de más pruebas por parte de los representantes legales de los imputados, fue una decisión del fiscal platense Álvaro Garganta, pero esta recusación cambió la situación.
Como se recordará, tras la denuncia de la legisladora Elisa Carrió a mediados de 2016 en la UFI n° 11 de La Plata, Scioli y varios de sus exministros y exsubsecretarios, quedaron en la mira de la justicia.
Cabe destacar que el fiscal y su equipo de instructores tienen como principal imputado a Scioli, luego de que todos los procesados fueron indagados, entre ellos el exministro de Salud Alejandro Collia y el empresario Ricardo Miller.
Para el fiscal existieron anomalías en al menos nueve adjudicaciones de obras públicas para la construcción de ocho Unidades de Pronta Atención y en la ampliación de una de esas edificaciones, que involucró un monto de unos 117 millones de pesos.
En las obras detalladas el beneficiario fue la empresa Miller Building International SA., cuyo titular es Ricardo Miller, de fuertes vínculos con Scioli. “Al parecer el desde el Estado abonaban anticipos millonarios a las empresas y esos montos eran retornos para gastos políticos”, explicó uno de los instructores.
La lectura desde el sciolismo, sin embargo, contrasta con esa posición. Según explicaron fuentes allegadas a Daniel Scioli a este portal, la situación procesal del ex mandatario se vería beneficiada por la posición que dejó sentada en el expediente la Fiscalía de Estado en la última audiencia: avaló el procedimiento, y descartó –remarcan- que “no hubo perjuicio” a las arcas públicas toda vez que los precios encuadran “en los valores del mercado”.
Además de los mencionados, están complicados con la justicia los exministros Alberto Pérez, Eduardo Aparicio y Alejandro Collia , el extitular de IOMA, Antonio La Scaleia y el ex Director General de Administración de Jefatura de Ganinete, Walter Carbone, entre otros exfuncionarios.
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