El abogado de derechos humanos Pablo Llonto sumó un nuevo pedido de juicio político contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, por frenar el avance de los juicios por delitos de Lesa Humanidad.
En una denuncia presentada a la comisión de Juicio Político que comanda la diputada Carolina Gaillard, Pablo Llonto acusó al titular de la Corte Suprema por “mal desempeño” de sus funciones, y describió el intencionado “desinterés” del juez supremo por no avanzar en las causas en materia de derechos humanos.
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“La conducta de Rosatti deshonra las obligaciones internacionales de nuestro país en materia de Derechos Humanos, y al mismo tiempo impide gravemente el ejercicio de los derechos y garantías de la Constitución al favorecer a los responsables del terrorismo de Estado y lesionar a las víctimas con la lentitud de las causas por delitos de lesa humanidad”, sostuvo Llonto en la denuncia a la que accedió INFOCIELO.
En esa línea, el referente de DDHH aseguró que “se trata además de una conducta reiterada” por parte de Horacio Rosatti, y recordó el voto del mismo juez en el caso Muiña, “favoreciendo la libertad de este genocida, por el cual también se le ha pedido juicio político”.
De esa forma, hizo hincapié en el polémico fallo de 2017, conocido como “2×1”, mediante el cual Elena Highton de Nolasco, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti buscaron poner en libertad a autores de delitos de Lesa Humanidad; lo cual debieron dar marcha atrás luego de una importante movilización popular y de la condena internacional.
Las pruebas por mal desempeño
El abogado Pablo Llonto realizó una síntesis de los hechos probatorios, y señaló que la denuncia remarca que a partir de la sanción de la ley 25.779 que en 2003 anuló “las leyes de impunidad”, la Corte Suprema de Justicia creó la Unidad de Asistencia y Seguimiento de las causas que se iban presentando, y cinco años después la Unidad de Superintendencia para delitos de Lesa Humanidad, para evitar demoras en los juicios.
A la vez, la Corte creó mediante una acordad la creación de la Comisión Interpoderes, integrada por los tres poderes del Estado, los cuales junto a organizaciones de DDHH debían trazar los lineamientos para acelerar las investigaciones.
“Desde que asumió la presidencia Horacio Rosatti la misma no ha sido convocada y mucho menos se ha citado a los organismos de Derechos Humanos ni familiares querellantes o representantes de las víctimas para atender y resolver la enorme cantidad de problemas que impiden dar celeridad a los juicios penales más antiguos del país”, afirmó Llonto.
Y añadió: “La gravedad de la situación actual (instrucción de centenares de causas a ritmos indolentes y lentos, fijación de audiencias en debates orales una vez por semana o una vez cada quince días, falta de personal en tribunales y juzgados, excesivas demoras en el tratamiento de recursos, apelaciones y vías recursivas en Cámaras y en la propia Corte) motivó que en agosto de 2020 el Senado de la Nación incluyese en el Proyecto de reforma Judicial tres artículos destinados a acelerar los juicios por delitos de lesa humanidad”.
Por ello, la denuncia expone la “desidia” de Horacio Rosatti, y expresa que “han desactivado dolosamente todo mecanismo para resolver este problema y mucho menos han tomado medidas para agilizar las miles de denuncias y casos que desde los años 70 esperan respuesta por parte de víctimas y familiares de las víctimas.“
“Este desagradable desinterés del presidente de la Corte por realizar su tarea y primera responsabilidad, desoye todas las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, remarca.
“La grave omisión del actual presidente de la Corte es intencional. Nada hizo y nada hace por convocar en forma urgente a la Comisión Interpoderes, ni a los organismos de Derechos Humanos para elaborar el listado de urgencias que desde la propia Corte pueden resolverse con medidas concretas: por ejemplo, modificaciones en el Reglamento de la Justicia Nacional para implementar prioridades a los juicios de lesa, establecimiento de audiencias diarias en los tribunales que tienen causas por delitos de lesa humanidad nombramiento de funcionarios y empleados para reforzar la planta de juzgados y tribunales, y decenas más”, concluye.
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