La Cámara Criminal y Correccional N° 2, a cargo de Eduardo Farah, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, aceptó la revisión del fallo que le asignó la investigación de la Mesa Judicial Bonaerense a los tribunales porteños de Comodoro Py. El traspaso de la causa que tenía a cargo en La Plata el juez federal Ernesto Kreplak había sido solicitado por los procesados. Ahora, los jueces reconocen que pudo tratarse de una medida arbitraria.
La Cámara había resuelto quitarle la investigación a Kreplak y asignársela a su colega porteño Marcelo Martínez de Giorgi, pero la representación de Juan Pablo “Pata” Medina, a cargo del abogado César Albarracín, apeló la decisión. En su último acuerdo, la Cámara Federal admitió que la decisión pudo haber sido arbitraria. “La invocada arbitrariedad encuentra fundamento en razones que trasuntan algo más que su discrepancia con lo decidido“, aceptaron Bertuzzi y Llorens.
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El tercer integrante de la sala reconoció que el abogado de Medina expuso “cuáles son las normas que se reputan erróneamente interpretadas y la inteligencia que se postula como acertada”. “Además, frente al tenor de sus alegaciones y del caso, el recurrente fundó suficientemente por qué lo resuelto configuraría –según su posición- un supuesto de potencial privación de justicia no susceptible de reparación ulterior“, añadió.
La Mesa Judicial Bonaerense es la causa que surgió luego de la difusión de un video en el que se veía a funcionarios del gobierno de María Eugenia Vidal, legisladores de la Provincia, agentes de inteligencia y empresarios reunidos. Allí hablaron de una “gestapo sindical” y el objetivo era analizar la posibilidad de denunciar ante la Justicia a dirigentes gremiales de la construcción, como el propio Medina. En abril de este año, Kreplak resolvió procesar y embargar al intendente de La Plata, Julio Garro, al exministro de Trabajo, Marcel Villegas, al exsubsecretario de Justicia, Adrián Grassi, y al actual senador bonaerense, Juan Pablo Allan. También fueron procesados y embargados los exagentes jerárquicos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).
En el fallo que ahora será revisado la Cámara había argumentado que la causa tenía vinculaciones con la que investiga espionaje ilegal en el Servicio Penitenciario Federal que también está en Comodoro Py.
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