La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) volvió a expresar su descontento con la estructura impositiva que afecta al sector agropecuario. Tras la baja de retenciones anunciada por el gobierno nacional, emitieron un comunicado para denunciar “la creciente aparición de tasas municipales“. También apuntaron contra el RIGI.
Efectivamente, a pesar de la baja de los Derechos de Exportación, según CARBAP, “la producción agropecuaria argentina continúa enfrentando una situación de clara desigualdad respecto de otros sectores de la economía“. Esto se debe a la “creciente aparición de tasas municipales y tributos provinciales”, pero también a un tercer factor: el RIGI y, eventualmente, el Super RIGI.
Sucede que estos regímenes especiales para promocionar inversiones no son otra cosa que eliminar impuestos nacionales, como las retenciones, para determinadas actividades. En este sentido, CARBAP marcó que “el agro sigue soportando una carga tributaria diferencial que condiciona su competitividad y restringe su potencial de crecimiento” mientras “numerosas actividades han visto eliminados sus derechos de exportación o cuentan con regímenes específicos de promoción“.
Ante esta situación, la entidad que preside Ignacio Kovarsky reclamó “una reducción más acelerada” de las retenciones al agro. “Si bien comprendemos los desafíos que implica sostener el equilibrio de las cuentas públicas, no resulta razonable que dicho esfuerzo continúe recayendo de manera desproporcionada sobre un único sector productivo”, argumentaron.
Cabe recordar que la reducción de las retenciones fue anunciada por el presidente de la Nación, Javier Milei, en mayo de este año. Según dijo, a partir de junio las alícuotas de la cebada y el trigo bajan dos puntos (de 7,5% a 5,5%) y desde enero del año que viene la idea es reducir la de la soja de a un cuarto o medio punto por mes.
Lo cierto es que el anuncio no es más que una promesa hasta que vayan saliendo los decretos y las resoluciones del Ministerio de Economía de la Nación para oficializarlo. Esta metodología tampoco dejó conforme a los productores agropecuarios de la provincia de Buenos Aires porque salieron a reclamar que pase por el Congreso. “Debería quedar plasmado en una ley que otorgue previsibilidad y seguridad jurídica a largo plazo”, aseguraron.
