La provincia de Buenos Aires no muestra gestos para sumarse al “Régimen de Regularización de Activos” de Javier Milei, más conocido como “blanqueo de capitales” para lograr que se declaran bienes y activos a través del pago de una penalidad, especial.
Se trata de una de las grandes apuestas de la gestión libertaria para lograr dólares del exterior y apostar a una salida al cepo cambiario, aunque las voces críticas lo catalogan como una “amnistía para los grandes evasores”
Aunque el cierre de la mera etapa terminó el viernes pasado con un ingreso de dinero efectivo de más de US$20.000 millones, gran parte del éxito se basa en que el programa no entre en cortocircuito con los esquemas fiscales de provincias y municipios.
Por ello, una vez sancionada la ley, el ministerio de Economía instó “a las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios a adherir al Régimen de Regularización de Activos, adoptando medidas tendientes a liberar los impuestos y tasas locales que los declarantes hayan omitido ingresar en sus respectivas jurisdicciones”, algo que en la práctica solo cuenta con el aval de un puñado de provincias.
“La provincia no tiene ninguna obligación de adherir al blanqueo”
Aunque aún no hubo una definición formal, la falta de referencias a una posible adhesión al blanqueo de capitales en las leyes impositivas que se discutirán a fin de año con el Presupuesto y las primeras definiciones de algunos de los funcionarios de Axel Kicillof anticipan que la provincia de Buenos Aires será uno de los grandes escollos al plan libertario.
“La provincia no tiene ninguna obligación de adherir al blanqueo”, declaró el ministro de Gobierno, Carlos Bianco a El Destape y dijo que “no está en prioridad hacerlo”.
La no adhesión abriría un complejo escenario para aquellos capitales con origen en la provincia que quieran ingresar al programa nacional. De concretarse, habilitaría a la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) a “cobrar los impuestos provinciales potencialmente no tributados por contribuyentes que participaron de la regularización de activos a nivel nacional” explicó el periodista Fabian Debesa, en Clarín.
La agencia recaudadora bonaerense podría, si accede a la información – algo que el propio gobierno nacional no quiere negociar- a “fiscalizar a los contribuyentes que declaren bienes y/o fondos ante la AFIP, para corroborar la existencia de impuestos provinciales omitidos, y en su caso, perseguir coactivamente su cobro” completa.
