A través de una resolución, el Procurador de la Corte bonaerense, Julio Conte Grand, cerró el círculo de su embestida contra el fiscal general de Lomas, Enrique Ferrari, ‘licenciado’ por la Corte, y designó en su lugar a Carlos Baccini, un integrante del ministerio público de ese distrito.
Pese a la recomendación del máximo tribunal de buscar un ‘reemplazo’ para Ferrari incluso fuera de esa jurisdicción, el Procurador entendió que las particularidades de las causas que tramitan en ese distrito, requieren de una figura con anclaje local, y señaló a Baccini, actualmente a cargo de una Unidad Funcional de Instrucción de Lomas de Zamora.
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En ese sentido, según interpretó Conte Grand, pese a la recomendación de la Suprema Corte, “teniendo en cuenta la complejidad de tareas que la magistratura en cuestión conlleva” y “de acuerdo a las características específicas que presenta el Departamento Judicial de Lomas de Zamora” entre las que mencionó “la naturaleza eminentemente local de diversas problemáticas”, se impone la designación de un integrante de ese mismo departamento, desde 1998.
Aclaró, no obstante, que cumplió con la recomendación de no inmiscuir en ese lugar, a un funcionario de los que rankeaban como sucesores naturales, por estar sospechados de graves irregularidades, que se investigan en sumarios abiertos por sucesivas denuncias ante el Poder judicial. A diferencia de la justificación del separado Ferrari, donde abundó en denuncias en su contra que quedaron impresas en la resolución, evitó, esta vez, mencionar las sospechas contra el resto de los integrantes del Ministerio Público de Lomas, y optó por destacar, por la positiva, que Baccini “no está vinculado al conjunto de causas que ha dado lugar al presente estado de cosas”.
En efecto, en la resolución Conte Grand calificó la situación previa a la suspensión del titular del ministerio público fiscal de Lomas, como de un total “desgobierno” producto –dijo- de una “intención manifiesta de desmantelar la estructura de la misma, entre otras razones presumiblemente por venganza”. En la resolución Conte Grand justifica el voto en disidencia de De Lazzari, al repasar el rol clave que tuvo para tal determinación, la declaración de Pablo Rossi, de la que “surgieron graves hechos demostrativos de persistente actitud del fiscal general en conductas de extrema gravedad que menoscaban el adecuado funcionamiento del servicio de Justicia”.
En su voto en disidencia, De Lázzari había justificado su negativa de separar a Ferrari, atento al “contexto” de la situación planteada en Lomas, donde se acumulan denuncias cruzadas contra varios integrantes del ministerio público apuntados por presuntas graves irregularidades, entre ellos el fiscal Pablo Rossi, cuyo testimonio Conte Grand consideró ‘clave’ para fundar las acusaciones contra Ferrari.
Además, siguiendo el fallo de la Suprema Corte, ordenó una Comisión de Análisis de la Fiscalía General de Lomas de Zamora”, integrada por funcionarios de su máxima confianza, entre ellos un familiar cercano que acompaña en la gestión en la Procuración bonaerense, que estará encargada de estudiar la situación actual del Ministerio público, y de elaborar un plan de acción para “sanear” el servicio de Justicia.
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