Una fuerte polémica se desató en el municipio bonaerense de Chacabuco con la presentación de una denuncia penal por parte del Frente de Todos contra el intendente radical, Víctor Aiola, y la posibilidad de presentar una segunda presentación por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
Eso no fue todo, el FdT, llevó la denuncia también ante el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, para que investigue la situación. Pero, ¿qué pasó?
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Segú explicó a Infocielo el jefe de bloque opositor, Javier Estévez, el problema surgió en octubre “cuando el Ejecutivo inició una licitación por tres tanques regadores por 4 millones de pesos, que quedó desierta”.
Luego de eso, no se elevó ese expediente al Concejo Deliberante y se realizó una licitación privada. “No eleva esa convocatoria al Concejo y hace una licitación privada, que además cambia el objeto y el monto, entonces compran 2 camiones por 8 millones. y al proveedor se le entrega como parte de pago maquinaria en desuso”, señaló el edil.
Para el peronismo, “es irregular por donde se lo mire” porque señalan que tampoco pasó por el recinto la ordenanza para dar de baja esa maquinaria que estaría fuera de servicio y se usó como medio de pago. Incluso señalaron que el proveedor es de Neuquén y “fue procesado y condenado por engañar a sus clientes en compra venta de autos”.
Analizan presentar otra denuncia penal
Estévez puntualizó que en estas horas definirían si presentaban ante la Justicia una segunda denuncia contra el intendente y sus funcionarios debido a que “dieron de baja 122 maquinarias, pero es el primer expediente que debería haber entrado, para poder usarlas como pago” al tiempo que señaló que “hay un informe del 2015 cuando asumieron el Gobierno de todas las maquinarias que había y en el de ahora figuran como inexistentes, o están rotas o desarmadas, algo, pero no pueden ser inexistentes”.
El Frente de Todos, que tiene 8 concejales contra 10 del oficialismo, asegura que esta polémica generó hasta discusiones internas en el bloque mayoritario entre el radicalismo y el PRO, que cuestionó el modo en que se llevó a cabo esta situación.
“Los concejales oficialistas, después de un tiempo largo, dicen que fue un error administrativo; lo quieren salvar ahora, pero todo lo que ingresó al Concejo fue posterior a la realización de los pagos”, cuestionó Estévez.
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