La instalación de la franquicia inmobiliaria Remax en Bahía Blanca generó otro cortocircuito entre Juntos por el Cambio y el Frente de Todos.
El Colegio de Martilleros local había pedido al Concejo Deliberante que aprobara un proyecto de ordenanza que prohíbe la publicidad no autorizada de este tipo de emprendimientos, teniendo en cuenta además de que la firma está inhabilitada para funcionar por la Inspección General de Justicia.
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El proyecto (130/2021) no fue tratado en el recinto ya que el oficialismo no lo respaldó con sus votos. La oposición supone que la iniciativa no fue tenida en consideración porque la martillera es María Teresita Morad (Reg. 2099), esposa del actual subsecretario de Deportes, Bernardo Stortoni.
Incluso, hubo un vínculo entre la empresa y el municipio a principios de mes, cuando fueron donados ejemplares arbóreos en el Parque Boronat.
Polémica en el Concejo Deliberante de Bahía Blanca
Para el Frente de Todos, eso “llama la atención” y constituye “un conflicto de intereses”. Mediante redes sociales, destacaron que existen ordenanzas similares vigentes en Azul, Olavarría, Tandil, Villa Gesell, Campana, Mercedes, Lomas de Zamora, Bolívar, Lobería, Necochea y Pinamar, entre otras ciudades.
En el recinto, el concejal del FdT, Walter Larrea, tomó la palabra y lamentó que no haya podido ser tratada la presentación del Colegio de Martilleros. Expresó su preocupación sosteniendo que “no sólo se estaría produciendo una suerte de competencia desleal” sino que además se violan normas vigentes y con ello se afecta la seguridad jurídica.
“La franquicia hasta inclusive fue objeto de alguna actividad publicitaria institucional de algunos concejales del oficialismo. Y este cuerpo debería haberse expresado al respecto como lo hicieron otros concejos. Creemos que convendría fijar la postura porque la empresa a la que nos referimos fue prohibida por la IGJ para ejercer actividad inmobiliaria en nuestro país. Y cabría una incompatibilidad de tipo ética porque una de las personas que está en frente de franquicia es la esposa de un funcionario municipal”, expuso.
Desde JxC, Nicolás Vitalini respondió que llamó la atención el “énfasis” que desde la bancada opositora le imprimen al caso tratándose de una cuestión “que no es trascendental” y que además “excede el ámbito del Concejo”.
“Nos hemos reunido con el presidente del Colegio y le compartimos nuestro punto de vista. Pero insisto en que hay temas más candentes y transversales, problemáticas sobre las cuales el Frente de Todos mira para otro lado como fue el no acompañamiento del proyecto en torno la investigación al fiscal federal Alejandro Cantaro, vinculado al narcotráfico”, completó.
Lo que la IGJ determinó es que la compra, venta y alquiler de propiedades a través de franquicias es una actividad ilegal y ordenó su disolución y liquidación.
Consideró en su fallo que la firma “ejerce indirectamente el corretaje inmobiliario eludiendo la legislación local, que establece imperativamente requisitos para esa actividad y se beneficia a través de Remax Argentina S.R.L., participando de las comisiones de las operaciones inmobiliarias intermediadas por los números subfranquiciados, más allá de que esas participaciones pudieran aparecer ficticiamente calificadas como regalías o concepto similar”.
“La exteriorización de la marca Remax por parte de esas subfranquiciadas genera en favor de éstas la falsa apariencia de pertenecer a un grupo económico, lo que las beneficia en base a una publicidad engañosa, que, a su vez, beneficia a la franquiciante”, se agregó.
El emprendedor Leo Kremen, cara visible de Remax en Bahía, hizo una serie de aclaraciones sobre esta situación en su cuenta de Facebook.
“En lo que a mi función específica se refiere, participo en el estudio y análisis inmobiliario y en cumplimiento de las leyes provinciales vigentes, Ley Nacional 25028, Ley 22082 de Lealtad Comercial, Ley 24240 de Defensa del Consumidor, las normas del Código Civil y Comercial de la Nación y Consitucionales, y se informa que los agentes/gestores NO ejercen corretaje inmobiliario alguno”, explicó.
Agregó además que todas las operaciones inmobiliarias son “objeto de intermediación y conclusión por parte de corredores públicos colegiados” y que todas las propiedades que se registran en su perfil “se encuentran a cargo del profesional matriculado y de su oficina”.
Desde el Colegio de Martilleros, indicaron que ya hay 13 sanciones judiciales de la Suprema Corte bonaerense por este asunto, y su presidente, Carlos Esteban, que la franquicia bastardea la profesión ya que opera con gente que no está capacitada.
Además, recordó que la ley 14.085 del año 2009, establece que las inmobiliarias deben llevar el apellido del profesional no permitiéndose el uso de nombres de fantasía, y que sólo están habilitados quienes estaban desde antes de su sanción.
Remax, fundada en 1973 en Estados Unidos, es la mayor red inmobiliaria del mundo y opera en Argentina desde el 2005. Se estima que en nuestro país trabajan en ella unas 5 mil personas y que se comercializan aproximadamente 60 mil propiedades.
En su defensa, sus abogados aclaran que no es Remax Argentina quien ejerce, en los hechos, la actividad, sino los cerca de 500 corredores y martilleros que la integran, y que los martilleros están yendo hacia ella porque logran mejores resultados.
Que no es cualquiera el que hace la transacción inmobiliaria, sino un responsable idóneo, y que la compra, venta y alquiler de propiedades es una actividad comercial, a punto tal que fue regulada por el anterior Código de Comercio y, hoy, también lo está por el Civil y Comercial.
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