En medio del proceso de disolución y liquidación del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA), el Gobierno de Javier Milei puso en marcha un régimen de retiro voluntario para los trabajadores de planta permanente del organismo. La medida se suma al cierre de farmacias, centros de salud y delegaciones en distintas provincias, en un escenario de creciente incertidumbre por el futuro laboral de cientos de empleados y la continuidad de las prestaciones médicas para los afiliados.
La decisión quedó oficializada este jueves mediante la Disposición 721/2026, publicada en el Boletín Oficial y firmada por el administrador del IOSFA en liquidación, Gonzalo Secchi. El plazo para adherir al programa se extenderá entre el 12 y el 26 de noviembre, sin que se haya establecido una prórroga.
El régimen está destinado exclusivamente al personal de planta permanente comprendido en la Ley 25.164 y contempla distintas modalidades de compensación, de acuerdo con la edad, la antigüedad y la situación previsional de cada trabajador. De esta manera, la iniciativa busca reducir la dotación del organismo antes de avanzar con la conformación definitiva de la nueva Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA).
Uno de los puntos centrales es que el retiro voluntario no alcanza al conjunto de los trabajadores que prestan servicios en IOSFA. En distintas dependencias del país hay empleados contratados que, frente al cierre de las instalaciones, quedaron expuestos a la pérdida de sus puestos de trabajo sin acceder a las mismas condiciones de compensación que el personal permanente.
Cómo funciona el retiro voluntario en IOSFA
La disposición establece tres grupos de trabajadores, diferenciados por edad y cantidad de aportes previsionales.
El primero comprende a mujeres de 58 años o más y hombres desde los 63 años que todavía no reúnen los aportes necesarios para jubilarse. Para ellos se ofrecen dos alternativas: una gratificación mensual equivalente al 60% de la remuneración bruta habitual, durante un máximo de 36 meses o hasta alcanzar los requisitos jubilatorios, con continuidad de los aportes previsionales y de la cobertura de salud; o una compensación de pago único equivalente a un sueldo por cada año de antigüedad, con un límite de 18 remuneraciones.
El segundo grupo incluye a mujeres de entre 58 y 64 años y hombres de entre 63 y 64 años que ya cuentan con los 30 años de aportes requeridos para acceder a la jubilación. En estos casos, la compensación se calcula en función de los años de servicio en la planta permanente, con adicionales que pueden alcanzar hasta cinco sueldos brutos.
Por último, el tercer grupo comprende a mujeres de hasta 57 años y hombres de hasta 62 años. También recibirán una gratificación calculada según su antigüedad, con los adicionales previstos en el régimen.
Quienes adhieran tendrán, además, seis meses de cobertura asistencial sin cargo a través de la nueva Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA). En cuanto a la modalidad de pago, las compensaciones que superen los 20 millones de pesos podrán abonarse en hasta tres cuotas mensuales y consecutivas.
La aceptación del retiro también implica una restricción importante: los trabajadores no podrán volver a ingresar al Sector Público Nacional durante los ocho años posteriores a su desvinculación. En caso de incumplir esa condición, deberán devolver las sumas percibidas, actualizadas por inflación e intereses.
El futuro de los trabajadores y la atención sanitaria
El programa se inscribe en la reestructuración definida por el Gobierno nacional a través de los decretos 88/2026 y 1286/2026. Este último modificó las condiciones del traspaso de personal y dejó de lado la transferencia automática de los trabajadores del IOSFA a la nueva OSFA.
A partir de ese cambio, será el directorio de la nueva obra social el que determine qué puestos necesita cubrir y qué trabajadores resultan indispensables para su funcionamiento. El resto quedará sujeto a las decisiones que adopte la administración a cargo de la liquidación.
La incertidumbre alcanza a una estructura que, según los últimos datos oficiales citados en torno a la reorganización, cuenta con alrededor de 2.450 trabajadores bajo distintas modalidades de contratación. En paralelo, la reestructuración implica la desactivación de las 31 farmacias propias, centros médicos y dependencias de atención al público.
En la provincia de Buenos Aires, uno de los focos más importantes del conflicto está en Coronel Rosales. Allí, el Concejo Deliberante acompañó un proyecto de resolución que reclama al Congreso el tratamiento de una iniciativa para derogar el DNU 1286/2026 y restablecer la vigencia del decreto 88/2026, con el objetivo de revertir las desvinculaciones laborales.
La propuesta fue presentada por concejales de Bien Común, Potencia y el PJ-Movimiento Derecho al Futuro, y recibió el acompañamiento de la UCR. Sin embargo, no hubo unanimidad: los representantes de La Libertad Avanza, Jorge Torres (Juntos) y Natalia García Luna (PRO) se abstuvieron durante la votación.
Entre los fundamentos se advierte que en Coronel Rosales se registraron más de 80 desvinculaciones laborales en menos de diez días. Los afectados pertenecen a las farmacias propias, el policonsultorio de Punta Alta y la delegación de Puerto Belgrano.
La preocupación no se limita a la pérdida de puestos de trabajo. Punta Alta tiene alrededor de 70.000 habitantes y unos 42.000 cuentan con cobertura del IOSFA, por lo que el cierre de establecimientos y las dificultades para acceder a medicamentos y prestaciones médicas impactan directamente sobre una parte importante de la comunidad.
El escenario se replica en otros puntos del país. En Rosario, el cierre de la delegación y la farmacia alcanza a unos 60 trabajadores, de los cuales apenas diez pertenecen a la planta permanente. En Mendoza, la desactivación del centro médico Santa Rita y de la farmacia propia también pone en riesgo puestos laborales. A eso se suman las situaciones de Santa Fe capital y Reconquista.
En tanto, en distritos bonaerenses como Tandil, Punta Indio y La Plata también se registraron reclamos por el cierre de dependencias y la incertidumbre sobre la continuidad de los trabajadores y las prestaciones.
Mientras el Gobierno avanza con el cronograma de liquidación, las organizaciones gremiales mantienen sus reclamos para preservar las fuentes laborales y garantizar la atención sanitaria. El retiro voluntario aparece así como una nueva herramienta dentro de la reorganización del organismo, aunque deja sin resolver qué sucederá con quienes no están alcanzados por el régimen y con los afiliados que dependían de la red propia de farmacias, centros médicos y delegaciones del IOSFA.
