Mar del Plata es uno de los focos de conflicto de la Unión Cívica Radical (UCR) bonaerense. La tierra de Maximiliano Abad viene acumulando tensión al menos desde el año pasado cuando quedó dividida la conducción partidaria de la Juventud. Ahora, sin embargo, escaló a otro nivel.
En medio de una disputa por el rol que debe asumir la UCR dentro de Juntos por el Cambio, el 13 de noviembre de 2022 Daniel Nuñez resultó electo presidente del partido. Según él mismo le contó a INFOCIELO desde ese día “se ha profundizado” el conflicto que ya llegó a la Justicia. Del otro lado del ring, la organización que ganó las elecciones de la Juventud Radical (alineada con Gustavo Posse y liderada por Aldana Echeverría) denuncia que las autoridades partidarias le impiden asumir.
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El 25 de marzo de este año Nuñez junto a Luciano Pagni Salaverry, Gustavo Pujato y Marianela Romero hicieron una denuncia penal por “coacción”. En la presentación relataron que vienen sufriendo “amenazas, hostigamientos y otras acciones patoteriles de parte de funcionarios municipales ligados a la Secretaría de Desarrollo Municipal”. Puntualmente, mencionaron a Lucas Amodey, Santiago Reyes y Daniel Terruel.
También involucraron a Diego Paredes, Federico Cardozo y Cristian Echeverría, tres dirigentes sindicales de la CTA Autónoma con sede en la esquina de Dean Funes y San Martín.
En la denuncia, los dirigentes radicales describieron 3 episodios ocurridos en marzo. En dos de ellos, según figura en la causa a la que tuvo acceso INFOCIELO, le dijeron que debía “atenerse a las consecuencias” de no poner a disposición el salón del comité para la JR. El titular del partido le comentó a este medio que la sede está cerrada “por obras” y que por eso no se puede usar.
Un mes después, el 28 de abril, la ayudante fiscal Carolina Castañeda solicitó que se les prohíba a los 6 denunciados acercarse o mantener contacto con los 4 dirigentes que presentaron la denuncia. La jueza de Garantías Lucrecia Bustos hizo lugar al pedido consistente en la “prohibición de acercarse a menos de una distancia de 200 metros y la prohibición de mantener todo tipo de contacto” por tres meses.
En paralelo, la organización de la JR que acusa a las autoridades partidarias de impedirles asumir la conducción está preparando sus próximos pasos. Según trascendió, no descartan pedir la intervención del Comité Nacional para normalizar el funcionamiento del radicalismo marplatense.
Para coronar, esta interna radical en aprietos al intendente del distrito, Guillermo Montenegro, quien pertenece al PRO y gobierna en alianza con el resto de las fuerzas de Juntos por el Cambio. De un lado están, Nuñez, Romero y Pujato que son concejales y responden al oficialismo. Y, del otro, los denunciados que son funcionarios del Ejecutivo en Desarollo Social y Gestión Territorial. El Concejo Deliberante ya se pronunció repudiando los “hechos intimidatorios y amenazantes”.
¿Y el Ejecutivo? “Esa es una respuesta que tiene que dar el intendente”, considera Nuñez.
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