Arreglar, destruyendo. Una curiosa fórmula aplica el oficialismo por estas horas para saldar diferencias con otro Poder del Estado. La feroz embestida de la Gobernadora Vidal contra el titular de la Corte bonaerense, un histórico del Tribunal que enumeró una serie de objeciones que, según su criterio, atentan contra el sano equilibrio de la administración de Justicia, escaló de manera alarmante y sumó detractores en el Gobierno Nacional. En las últimas horas, el Ministro de Justicia de Macri, Germán Garavano, sobre quien pesan durísimas acusaciones incluso desde dentro de su propio espacio, calificó de “temerarios” los dichos de Eduardo De Lázzari, y lo acusó literalmente de hacer política.
Una vez más la discusión política en la Provincia atravesó límites razonables de convivencia democrática. Con un agravante: ya no se trata de discutir diferencias políticas entre dirigentes de partidos opositores. La polémica con furiosas acusaciones atraviesa la relación entre dos poderes del Estado que deberían ser independientes uno del otro.
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El presidente del máximo tribunal encendió la mecha, al advertir, entre sus pares, sobre diferentes situaciones anómalas que se registran a la luz de todo el mundo en la tramitación de causas resonantes, con vinculaciones políticas. Dijo lo que se sabe. No habló en un medio ni concedió una entrevista para hacer pública su percepción. Lo hizo, vale aclararlo, en un foro cerrado frente a un auditorio de jueces penales de la Provincia. ¿A quién habría de advertirle el titular de la corte sobre vicios enquistados en el Poder Judicial, sino a quienes imparten justicia bajo su jurisdicción?
El oficialismo contraatacó. Aplicó la estrategia de campaña de salir a responder cualquier afirmación que suene a crítica. Lo hizo sin matices. La relación con los grandes medios que tomaron posición, una vez más, a favor del Gobierno, hizo el resto. Transformó la disputa en un verdadero conflicto de poderes de dimensiones que no reconoce antecedentes en la historia judicial bonaerense desde el regreso de la democracia. Hubo cruces entre el Poder Ejecutivo y algunos jueces. Nunca uno directo que le apunte al sillón más importante del andamiaje judicial. Por estas horas, el presidente de la Suprema Corte de Justicia bonaerense sufre un despiadado ataque por parte de la autodenominada prensa independiente.
Hace rato que en Argentina el periodismo abandonó su condición de cuarto poder. La imposición implícita de ‘darle voz a los sin voz’ frente a los abusos del resto de los Poderes que le valió alguna vez aquella noble denominación, ha quedado en la historia como un nostálgico recuerdo del ejercicio sano de la profesión. La maquinaria mediática juega. Manda mensajes. Apreta. Apunta y dispara sin contemplaciones contra la institucionalidad. El fin justifica los medios. O, mejor dicho, el fin justifica a los medios. Y en el medio se llevan puesto el respeto a la investidura que dicen defender en otros ámbitos.
Es tan obscena la complicidad con el discurso oficial que esperaron agazapados la orden del Poder político para apuntar sus cañones. No se explica, sino, por qué las editoriales denigratorias para con la figura del titular de la Corte bonaerense se imprimieron sólo después de que la Gobernadora le reclamara “denunciar” sus dichos en tribunales. Si el objeto de sus envenenadas críticas fueron los dichos de De Lázzari hace una semana, ¿por qué esperar la respuesta de Vidal para reproducirlas ahora? La coincidencia en los tiempos no parece casual. La lógica de la profesión lo explica: el periodismo consagrado suele enterarse de lo que pasa en la Provincia antes que por reconocer el terreno, por cuenta y orden de una parte involucrada. Mala fórmula: reproducen una versión interesada. Lo saben. No son inocentes. Pero lo avalan, y la reproducen como la verdad revelada vociferando una falsa independencia.
En la Justicia provincial llueven quejas de aprietes. Los jueces están literalmente asustados. El carpetazo se transformó en los últimos años en la variable aleccionadora. Hay una explicación que los condena, la sospecha latente de que a más de uno se le complicaría justificar algún fallo. Pero también un temor que los paraliza: la convicción de que cuando el Poder político marca, encuentra excusas para descabezar. Eso explica una tradición bien arraigada que se evidencia con mayor claridad en la Justicia Federal. El martillo acusatorio contra la dirigencia política siempre llega tarde. La demora no tiene que ver con la imposibilidad de avanzar en los procesos que involucran al Poder político de turno. Es más bien una reacción de supervivencia. El Poder Judicial pasa factura a mes vencido. Quizá haya que esperar al cambio de gestión para que las quejas por ahora subterráneas, susurros en los pasillos de los tribunales, se hagan públicas.
En la Provincia algunos jueces literalmente tienen miedo. Lo están empezando a perder. Pero todavía están aletargados. Hay maniobras que los inhiben. La proliferación de denuncias presentadas ante la Secretaría de Enjuiciamiento de Magistrados encendió luces de alertas. Y los procedimientos también. Las “faltas simples” o las “sanciones menores”, le dieron forma a una catarata de presentaciones. La sumatoria de apercibimientos es suficiente para sentar a un magistrado frente a un tribunal de enjuiciamiento. No avanzan, pero aleccionan. Paralizan. Ni el más osado se animaría a ir al frente si están en las puertas del cadalso. ¿Qué tan independiente puede ser una Justicia a la que paraliza el miedo?
El proceso que se vivió para la remoción de la ex Procuradora María del Carmen Falbo, expone al oficialismo y al autoproclamado periodismo portador sano de moralidad republicana. La ex Jefa de los fiscales presentó su renuncia después de una furiosa embestida mediática de parte de una aliada clave del Gobierno, Elisa Carrió.
En sus ataques no tuvo empacho de vincular a Falbo con una banda integrada por dirigentes políticos y fiscales bonaerenses al servicio de proteger el narcotráfico en el principal distrito del país. No reparó en las formas, e involucró incluso a figuras estelares del oficialismo como el intendente de Vicente López. ¿Presentó Lilita Carrió alguna denuncia penal frente a la gravedad de sus afirmaciones?
Reconstruyamos: la jefa de los fiscales de una provincia con sistema acusatorio –donde el rol del fiscal es clave para la instrucción de las investigaciones- ligada, según los dichos de la diputada oficialista, a una banda dedicada a garantizar la impunidad para uno de los delitos más aberrantes, la venta de drogas. ¿A nadie se le ocurrió recordarle a Carrió la obligación que le cabe como funcionaria pública de replicar en tribunales tamaña sospecha regada por los medios? Curiosa doble vara la de recordarle ahora, al presidente de la Corte, que su cargo lo obliga a judicializar un par de frases pronunciadas en privado.
La decisión de remover a Falbo para ocupar ese lugar por el actual Procurador, Julio Conte Grand, estaba tomada. Las críticas de Carrió se transformaron en la fórmula para desgastar a una funcionaria que ya había sufrido intentos por removerla incluso en la gestión anterior del peronista Daniel Scioli, aunque aquella vez su salida se fogoneó, sin éxito, desde el Senado bonaerense. Las críticas públicas de Carrió sí tenían un fin político. El devenir de la historia lo dejó probado. No hubo aquella vez funcionarios encumbrados ni periodistas de alta pluma recordándole a Lilita su obligación de recurrir a la Justicia.
Falbo siempre supo que iban por ella. Se lo dejó en claro al propio Conte Grand cuando fue a visitarla a su despacho poco después de la asunción de Vidal, en su carácter de secretario legal y técnico de la Gobernadora: “venís a pedirme la renuncia”, lo recibió. Una relación forjada en la red de Procuradores del país, cuando el actual Jefe de los fiscales bonaerense lo era de Capital, fue la salida elegante de Conte Grand para negar la pregunta inquisidora.
Tampoco le recordaron a Carrió que la gravedad de su denuncia pública contra el actual ministro de Justicia, Germán Garavano, a quien involucró en una maniobra de protección contra dos ex fiscales acusados de “encubrimiento” en la causa por el Atentado a la AMIA, debía dejarla por escrito en tribunales. Parece que tampoco aquella vez le cabía a la diputada oficialista la “obligación” como funcionaria pública que ahora le recuerdan al titular de la Corte.
Otro supremo, el decano de la Corte que la vicepreside, Héctor Negri, medió en la disputa. Denunció públicamente un intento por parte del Presidente del Tribunal de hacer política con sus dichos. Raro que en su caso nadie recordara su pertenencia partidaria al radicalismo. No tuvo la misma suerte De Lázzari, a quien lo vincularon en la editorial del medio más importante del país, a Cristina Kirchner; Eduardo Duhalde y a Aníbal Fernández.
De Lázzari, es cierto, tiene algunas cuitas con la gestión actual. Cambiemos se toma cualquier gesto de institucionalidad e independencia de otro Poder del Estado, como un ataque político en su contra. En la Gobernación cayó pésimo que ordenara abrir un expediente interno para determinar la veracidad del domicilio consignado en su pliego por SergioTorres, el ministro que sentó Vidal en la Corte bonaerense. Solidez argumental le sobraba: en la Justicia había ingresado una denuncia por supuesta falsedad ideológica de instrumento público. Tampoco simpatizaron los reclamos sobre el Presupuesto del Poder Judicial que no ocultaron críticas sobre el impacto del recorte de fondos en la administración de Justicia. Tal vez esos actos, más que sus dichos, son los que se está cobrando por estas horas la alianza entre Cambiemos y el Poder mediático nacional.
Debería ser normal que haya roces entre los Poderes. Al fin y al cabo descansa sobre uno de ellos la responsabilidad de controlar los abusos del otro. Lo que asoma preocupante en el contexto actual, es que las disputas lógicas del poder se transformen en ataques despiadados entre las cabezas de uno y otro. Resienten la institucionalidad, y atentan contra la sana división de Poderes, base del sistema republicano. El mismo que dice defender el Gobierno
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