A través de un extenso escrito de 48 páginas, el expresidente Alberto Fernández se defendió en la causa que se lo acusa por la presunta contratación de allegados para los seguros del estado- mediaticmente conocida como la causa seguros- y apuntó a un persecución judicial contra su figura.
En ese marco, aseguró que la investigación no es más que una “persecución política direccionada desde el sistema penal”. y aseguró que las denuncias son “ambiguas y vacías de fundamento”.
El descargo fue elevado ante el juez federal Julián Ercolini,a quien Alberto Fernández denunció en 2022 por su viaje a Lago Escondido junto a otros jueces, fiscales, funcionarios y directivos del Grupo Clarín y quien entiende en la instrucción derivada de la denuncia de su exesposa, Fabiola Yañez, por un presunto caso de violencia de género.
Los argumentos de Alberto Fernández en el escrito de su defensa
El exmandatario Alberto Fernández aseguró que el decreto que firmó para obligar a contratar los seguros del Estado con Nación Seguros pretendía que las primas no fueran a parar a manos de empresas extranjeras y evitaba a los intermediarios.
Además, explicó que las reparticiones del Estado que pactaron sus pólizas con el broker Héctor Martínez Sosa, esposo de su exsecretaria María Cantero, y otras firmas, no contrataron a “productores ”, sino asesores de seguros
Sobre la denuncia, Alberto Fernández manifiesta que está basada en lo que publicaron Clarín e Infobae “para interponer denuncias por parte de funcionarios judiciales, diputados/as, o sectores allegados al gobierno entrante”.
“Lo más grave no es el intento de quienes ejercen la política -en forma mezquina- de utilizar a la Justicia penal como un medio de persecución, sino que efectivamente la Justicia Federal recepte de manera automática aquellas acusaciones, instruyendo arbitrariamente causas judiciales en base a dichos de periodistas y a noticias falsas” explicó.
Y completó: “Simplemente cuestionaron un decreto con esa mirada ideológico-económica, que no es más que una mera oposición a la manera de gestionar el Estado, pero que de ninguna manera constituye un delito”.
El escrito fue redactado en primera persona por el expresidente pero también contiene la firma de su abogada Mariana Barbitta.
