El gobierno de Héctor Gay decidió frenar su idea de privatizar el servicio de recolección de residuos en Bahía Blanca. El propio intendente confirmó que no enviará el pliego licitatorio al Concejo Deliberante por considerar que no están dadas las condiciones políticas ni económicas.
Según argumentó, es un tema muy sensible que debe tener un consenso con el gremio y la oposición, pese a tener mayoría legislativa y poder imponerlo con el voto doble del presidente. Y que el escenario financiero es más precario que cuando comenzaron a gestar la idea.
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Por ese motivo, se resolvió prorrogar por un año más, a partir de abril del 2021, el convenio más oneroso del municipio ($ 80 millones) que es con Bahía Ambiental Sapem, Sociedad Anónima Sociedad con Participación Estatal Mayoritaria que según Gay, el Tribunal de Cuentas de la Provincia objeta.
Según pudo saber INFOCIELO, la intención del Ejecutivo es lograr una mayor capitalización de la firma a través de fondos privados para lograr el objetivo de dar un servicio de mejor calidad.
Además, rechazó de plano las especulaciones del Frente de Todos sobre un presunto direccionamiento del proceso de adjudicación. Dijo sobre eso que “una licitación pública es lo más transparente que hay” y que con ella “la perspectiva del negociado se cae”.
Conocida esta decisión, el concejal kirchnerista Carlos Quiroga, quien levantó la bandera en rechazo a la privatización del servicio, reafirmó su idea de que no existía “ningún elemento sustentable que justificara la enajenación del patrimonio público de la Sapem Ambiental”, y que “queda claro que Gay ya no podía justificar un negocio privado a expensas de lo que nos pertenece colectivamente”.
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