La justicia federal de La Plata dispuso el sobreseimiento del titular de la UOCRA, Juan Pablo Pata Medina luego de declarar nula la causa en la que se lo investigaba por extorsión, asociación ilícita, lavado de activos e intermediación financiera, y mandó a investigar al magistrado de Quilmes, Luis Armella, quien llevó adelante la instrucción y lo mantuvo preso cuatro años.
La medida fue adoptada por el Tribunal Oral Criminal N° 2 de La Plata luego hacer lugar a los pedidos de nulidad de los defensores de los imputados por la presunta extorsión, y tras comprobarse que la investigación se inició por una llamada anónima, al parecer inexistente.
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Ese llamado habría sido hecho el 31 de julio de 2017 y a partir de ahí el juez federal de Quilmes, Luis Armella, inició un expediente por el que fue detenido Medina y varios de sus familiares y allegados.
Luego de conocerse la causa denominada Gestapo, en la que personal de Inteligencia se reunieron con jueves, funcionarios y empresarios con el objeto de armar causas penales contra sindicalistas, los abogados defensores de los imputados solicitaron la nulidad.
Se llegó a esta resolución tras una denuncia del abogado del gremialista y de varios de sus familiares, César Albarracín y de los letrados Alejandro Roberto Montone y Juan Ángel Di Nardo, representantes de otros de los imputados.
El fundamento para hacer caer la causa fue la reunión en la sede del Banco Provincia de la ciudad de Buenos Aires entre empresarios, funcionarios del gobierno de María Eugenia Vidal y agentes de la AFI, conocida como “Gestapo”, en la que se convocó a reunir evidencia contra el sindicalista.
Sobre esta base pidieron la nulidad del caso. En esa reunión estuvieron del 15 de junio de 2017 dos funcionarios bonaerenses, el exministro de Trabajo Marcelo Villegas y el exsubsecretario de Justicia Adrián Grassi; el intendente de La Plata, Julio Garro; el senador provincial de Cambiemos Juan Pablo Allan; y los exdirectivos de la AFI Sebastián De Stefano, Darío Biorci y Diego Dalmau Pereyra.
Los abogados dijeron que en la filmación de esa reunión se desprende con meridiana claridad la ilegalidad de las pruebas que dieran origen a la investigación y que fueron la base de órdenes de allanamiento y secuestro, además del dictado del auto de procesamiento con prisión preventiva.
La decisión de declarar todo nulo es del juez Alejandro Esmoris y benefició a Juan Pablo Medina, Cristián Isidoro Jesús Medina, David Emiliano García, Juan Horacio Homs, Liliana Beatriz Frontán, María Fabiola García, Lara Micaela Muñoz, Pablo Nicolás Neves, Marianela Lujan Pagnoni y Rubén Darío Roldán.
El juez también decidió mandar copia de esta resolución al Consejo de la Magistratura para investigar al juez federal Armella.
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