El sindicalista Juan Pablo “Pata” Medina solicitó hoy a la justicia federal de Lomas de Zamora que lo admita como querellante junto a su abogado, en la causa por espionaje ilegal que investiga el juez Federico Villena.
El requerimiento, al que tuvo acceso INFOCIELO, fue presentado por el letrado César Albarracín y tiene el objetivo de poder acceder a una copia de la causa en la que Medina fue mencionado como uno de los afectados por actos de inteligencia ilegal.
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Medina permaneció detenido en una cárcel federal de Ezeiza entre el 27 de septiembre de 2017 y el 16 de febrero de este año por disposición de la justicia federal de Quilmes y en ese penal se habrían colocado micrófonos ocultos y cámaras en pabellones, salas de reuniones con abogados y en los salones de recepción de visitas con el fin de efectuar escuchas sin el aval judicial.
Para el sindicalista platense, quien fuera el secretario general de la UOCRA en la capital provincial, hubo una asociación criminal conformada por funcionarios políticos y penitenciarios que durante el gobierno de Mauricio Macri se ocuparon de realizar tareas de espionaje ilegal para perjudicar a él y otras personas.
Como se sabe, este miércoles efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) allanaron distintos espacios del penal de Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires, en el marco de la causa en la que se investigan supuestas maniobras de espionaje ilegal sobre políticos, periodistas, dirigentes sociales e, incluso, sobre ex funcionarios que estuvieron detenidos en esa cárcel.
El allanamiento lo dispuso el juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena y, la medida fue dispuesta después de que trascendiera que, durante el gobierno de Mauricio Macri, hubo un grupo de ex miembros de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) que se habrían dedicado a espiar dentro de la cárcel de Ezeiza.
Días atrás, el juez Villena había allanado las oficinas de la Dirección de Análisis de Información del Servicio Penitenciario Federal (SPF), el sector de inteligencia conocido por el nombre de “Área 50”; también en búsqueda de elementos que permitieran determinar si se realizaron maniobras de espionaje ilegal en las cárceles federales.
Del operativo realizado en el “Área 50” habrían surgido elementos que precipitaron el nuevo allanamiento; aunque algunos datos surgieron también de audios difundidos por un programa de televisión en los que agentes de inteligencia hablaban de “alambrar” la cárcel (poner micrófonos), que fueron incorporados en estos días al expediente.
El lunes, el canal de noticias C5N informó que personal ajeno al servicio penitenciario había ingresado al pabellón B del módulo 6 del penal de Ezeiza a realizar tareas de “limpieza”, lo que fue interpretado en el mundillo judicial como una eventual maniobra para ocultar prueba.
En ese penal estuvieron detenidos, entre otros, el ex vicepresidente Amado Boudou; el ex secretario de Legal y Técnica de la Presidencia y actual Procurador del Tesoro Carlos Zannini; el dirigente Luis D’Elía; y el ex funcionario Carlos Kirchner, primo del ex presidente.
El supuesto espionaje sobre distintos sectores del penal de Ezeiza ya había sido denunciado antes por abogados de distintos detenidos, como el empresario Lázaro Báez, que hicieron pública sus sospechas de que los escuchaban cuando hablaban por teléfono o se reunían dentro del penal con sus defendidos.
La causa de Lomas de Zamora se disparó tras la declaración de un supuesto narcotraficante que en febrero de este año dijo haber sido contratado por la AFI para darle “un susto” a un ex funcionario del Ministerio de Defensa.
En ese expediente, tras una serie de allanamientos se recolectaron fotos, videos y audios que robustecieron la hipótesis de la existencia de una célula de espionaje que reunía información sin ninguna autorización judicial.
Entre las presuntas víctimas de la organización ilegal se encuentran la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; el presidente de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, Martín Irurzun; la diputada nacional Graciela Camaño; el gremialista Luis Barrionuevo, el ex presidente de la Cámara de Diputados Emilio Monzó y el vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli.
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