A ocho años de la denuncia contra tres jugadores de rugby del Club San Luis de La Plata por abuso sexual, arrancó el juicio este martes a la mañana. Solo un acusado llegó al banquillo. En los tribunales aparecieron afiches de apoyo a Chiara, la víctima.
El caso se remonta al año 2017, cuando una joven radicó la denuncia formal contra tres integrantes de la institución deportiva tras un encuentro festivo. En aquel momento, la difusión pública de lo sucedido a través de las redes sociales desencadenó una impactante ola de testimonios de otras jóvenes, quienes expusieron diversas situaciones de violencia y presuntos abusos perpetrados por rugbiers pertenecientes a las categorías formadas entre los años 1998 y 2000.
Testimonios cruzados y el impacto en las redes sociales
Durante las semanas posteriores a la presentación judicial inicial, las historias en Instagram funcionaron como un canal de catarsis colectiva que motivó la llegada de decenas de mensajes privados. En esos textos, varias adolescentes relataron experiencias traumáticas similares ocurridas durante ese mismo año, señalando de manera reiterada a los mismos implicados y a otros integrantes del grupo. La mayoría de las chicas tenían entre 15 y 17 años al momento de los hechos, mientras que los acusados oscilaban entre los 17 y 20 años.
La repercusión de estas acusaciones trascendió con rapidez las fronteras del ámbito estrictamente deportivo e instaló un intenso debate institucional y social sobre la violencia de género, el abuso de poder y la complicidad en espacios de sociabilización deportiva. Frente a la gravedad de los relatos y la vulnerabilidad de las jóvenes, diversos gabinetes de contención de la Universidad Nacional de La Plata y secretarías de género brindaron herramientas, acompañamiento psicológico y asesoramiento técnico para afrontar el complejo camino judicial.
La situación procesal y los obstáculos del camino penal
A pesar de la trascendencia pública y la acumulación de relatos en redes sociales, el expediente en los tribunales ordinarios siguió un trámite sumamente lento y desparejo que demandó ocho extensos años de espera para la víctima. Fuentes judiciales confirmaron que de los tres sospechosos originales, solo uno se sienta actualmente en el banquillo de los acusados. De los otros dos involucrados, uno quedó desafectado del proceso, mientras que el tercero, menor de edad en 2017, nunca llegó a ser formalmente identificado.
El prolongado tiempo transcurrido pone en evidencia las profundas dificultades que afrontan quienes deciden judicializar un delito contra la integridad sexual. Muchos de los testimonios hechos públicos en 2017 no lograron derivar en demandas formales debido al constante temor a la exposición pública, las secuelas emocionales, la revictimización en las etapas de peritaje y las persistentes asimetrías de poder entre las partes.
Un reclamo colectivo de reparación e institucionalidad
Quienes integran las organizaciones de acompañamiento y respaldan a la víctima emitida un comunicado donde remarcaron que el caso expuso una matriz de encubrimiento y conductas machistas dentro del entorno deportivo. Asimismo, expresaron su firme expectativa de que el veredicto del tribunal dicte una condena ejemplar que aporte alivio a la denunciante y sirva de reparación simbólica para aquellas jóvenes que no pudieron judicializar sus vivencias.
En el mensaje difundido se enfatizó la urgente necesidad de que las agresiones sexuales sean reconocidas y sancionadas como delitos de extrema gravedad institucional y penal, sin importar el estatus ni la posición social de sus perpetradores. Mientras avanza el debate oral, la sociedad civil y la comunidad platense permanecen en alerta a la espera de un fallo que siente un precedente indispensable para los ámbitos deportivos locales.
Si usted o alguien que conoce atraviesa una situación de abuso o violencia de género, puede comunicarse de manera gratuita con la Linea 144 (las 24 horas en todo el país) o con la Línea 137 para atención a víctimas.
