Como estaba previsto, este jueves el Ministerio de Economía hizo la apertura de las ofertas económicas de la licitación correspondiente a la venta de acciones de AySA. El proceso de privatización de la empresa que provee de agua y cloacas a millones de personas quedó envuelto en una polémica tras las denuncias realizadas por dirigentes opositores. El gobierno nacional intenta avanzar igual.
Según se informó oficialmente, la oferta presentada por Rowing SA fue de 304.200.000 dólares mientras que Roggio Roas SA propuso un monto de 285.000.000 dólares. “La apertura de ofertas constituye un nuevo paso en la privatización de AySA, que contempla la transferencia al sector privado del 90% de las acciones de la compañía, mientras que el 10% restante continuará en manos de los trabajadores a través del Programa de Propiedad Participada”, destacó el Palacio de Hacienda a través de un comunicado oficial.
La administración libertaria aprovechó el acto de apertura de las ofertas económicas para descartar todas las sospechas que hay en torno a la privatización de Aguas y Saneamientos SA. “El proceso se lleva adelante mediante un procedimiento público, nacional e internacional con exigencias técnicas y financieras y principios de concurrencia, competencia, publicidad y transparencia”, afirmaron.
Lo cierto es que ayer en la Cámara de Diputados de la Nación Germán Martínez, presidente del bloque Unión por la Patria, cuestionó el trámite. “Hay un oscurantismo absoluto alrededor del proceso de privatización de AySA“, indicó antes de sugerir que la compañía va a quedar en manos “de los amigos de Santiago Caputo“.
Uno de los aspectos que genera mayor atención es la composición de los consorcios. El grupo de Rowing incluye a Transclor, empresa de Mauricio Filiberti que ya es proveedora de AySA de insumos utilizados para la potabilización del agua. El empresario también participa de Edenor junto a Daniel Vila y José Luis Manzano.
Del otro lado aparece el Grupo Roggio, que ya tiene experiencia en el sector a través de Aguas Cordobesas. Su consorcio reúne además a Hidrosan Capital, Aguas del Plata, Benito Roggio e Hijos y Central Buen Ayre.
Denuncia ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas
Tras las acusaciones públicas, los legisladores del peronismo presentaron una denuncia formal ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) por “irregularidades flagrantes en procesos de privatización de empresas”.
Según el documento al que accedió INFOCIELO, buscan que el organismo interceda para que la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones pueda acceder a todos los actos administrativos vinculados a las licitaciones que el gobierno nacional mantiene en secreto tras haberlos declarado reservados.
