La privatización de AySA entrará este jueves en una instancia decisiva, cuando el Gobierno abra las ofertas económicas de los dos consorcios que quedaron en carrera para quedarse con el 90% de las acciones que todavía están en manos del Estado. La operación, que el Ejecutivo presenta como parte de su programa de privatizaciones, volvió a generar fuertes cuestionamientos en el Congreso por las condiciones del proceso y la falta de información sobre quién podría quedar al frente de una empresa que presta un servicio esencial en el AMBA.
La apertura de las propuestas está prevista para las 10, a través de la plataforma CONTRAT.AR. Los grupos que continúan en competencia son el encabezado por Rowing S.A., junto a Transclor, la brasileña Arcos Saneamento e Participações y el fondo PHX Aqua AR B.V.; y el integrado por Roggio ROAS, Hidrosan Capital, Aguas del Plata Participaciones, Benito Roggio e Hijos y Central Buen Ayre.
La licitación no establece un precio base público. Sin embargo, el Gobierno espera recaudar alrededor de US$500 millones por la operación. Una tasación de referencia elaborada por el BICE permanecerá reservada hasta la apertura de las ofertas y funcionará como parámetro para evaluar las propuestas.
El proceso contempla la transferencia del 90% de las acciones estatales a un operador estratégico, con una concesión inicial de 30 años, prorrogable por otros diez. El futuro concesionario deberá afrontar un programa de inversiones que supera los US$2.000 millones durante los primeros cinco años y que podría alcanzar entre US$13.000 y US$15.000 millones a lo largo de todo el contrato.
El pliego también establece metas de expansión del servicio. Para 2031 se prevé alcanzar una cobertura del 75,3% en agua potable y del 63,9% en saneamiento, mientras que al finalizar los 30 años las exigencias ascienden al 90% y 75%, respectivamente.
Las dudas que llegaron al Congreso
La privatización volvió a ocupar el centro de la discusión política durante el plenario conjunto de las comisiones de Legislación Penal, Defensa Nacional y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados. Allí, el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, cuestionó duramente el proceso y apuntó contra la falta de transparencia en torno a la licitación.
“Hay un oscurantismo absoluto alrededor del proceso de privatización de AySA que se abre a partir de mañana. Mañana nos vamos a enterar cuál de los amigos de Santiago Caputo se queda con AySA”, lanzó el diputado santafesino, en referencia al entorno del principal asesor del presidente Javier Milei.
La acusación fue planteada en medio de un debate más amplio sobre distintas decisiones del Gobierno y las denuncias que pesan sobre funcionarios de la Casa Rosada. Martínez cuestionó particularmente el silencio oficial frente a algunos de esos planteos y vinculó la discusión con el discurso del Ejecutivo sobre supuestos intentos de desestabilización contra Milei.
Más allá de las acusaciones políticas, el caso de AySA vuelve a poner sobre la mesa una discusión que tiene antecedentes conocidos en la Argentina: la privatización de servicios públicos esenciales y el rol que debe conservar el Estado en su prestación y control.
Dos grupos y un punto sensible
Uno de los aspectos que genera mayor atención es la composición de los consorcios. El grupo de Rowing incluye a Transclor, empresa de Mauricio Filiberti que ya es proveedora de AySA de insumos utilizados para la potabilización del agua. El empresario también participa de Edenor junto a Daniel Vila y José Luis Manzano.
Del otro lado aparece el Grupo Roggio, que ya tiene experiencia en el sector a través de Aguas Cordobesas. Su consorcio reúne además a Hidrosan Capital, Aguas del Plata, Benito Roggio e Hijos y Central Buen Ayre.
La presencia de empresas y empresarios que ya tienen vínculos con el sector abre, en caso de una adjudicación, interrogantes sobre los mecanismos de control, las contrataciones y las relaciones entre la futura concesionaria y sus proveedores.
Mientras tanto, la discusión tarifaria también avanza en paralelo. El Ente Regulador de Agua y Saneamiento convocó para el 26 de octubre a una audiencia pública para analizar modificaciones al esquema tarifario de AySA.
La definición de este jueves, entonces, no será solamente la elección de un nuevo operador. También marcará el comienzo de una nueva etapa para uno de los servicios públicos más sensibles del área metropolitana, en un país donde las experiencias de privatización de agua, energía y otros servicios durante los años 90 todavía forman parte de una discusión política que está lejos de cerrarse.
