La acusación por presunto narcotráfico que sacudió la política de General Rodríguez a mediados de agosto quedó descartada en los tribunales. La Sede Fiscal del Departamento Judicial de Moreno-General Rodríguez ordenó el archivo definitivo de la causa penal abierta contra el concejal oficialista Javier Tarragona.
La resolución de la justicia penal determinó que la presentación original carecía de sustento elemental y fustigó la metodología acusatoria. El fiscal a cargo de la investigación fue tajante al calificar los pedidos de medidas de prueba solicitados por la parte denunciante como una verdadera “caza de brujas”.
La causa se había iniciado formalmente a partir de una denuncia promovida por el secretario de Seguridad municipal, el Dr. Nicolás Rapazzo. El funcionario, integrante del mismo espacio político Fuerza Patria liderado por el intendente Mauro García, judicializó un testimonio recibido mediante el sistema de denuncias anónimas del municipio.
Según reveló oportunamente un informe de Infobae, el testimonio anónimo imputaba al edil por coordinar puntos de venta de drogas y operar una supuesta “cocina” de cocaína en el territorio. El relato también acusaba a Tarragona, quien antes de asumir su banca se desempeñaba como secretario privado del jefe comunal, de intentar averiguar fechas de allanamientos para alertar a organizaciones delictivas instaladas en un country de la zona.
Sin embargo, el fallo judicial advirtió que la presentación de Rapazzo no aportó ningún elemento concreto ni indicios reales de criminalidad. La acusación se estructuró a partir de omisiones insalvables: no fijó marcos temporales, no geolocalizó la supuesta fábrica de sustancias prohibidas ni logró identificar a ningún miembro de la banda con nombres o apodos.
Frente a esta carencia, el fiscal de la causa sentenció que “promover la instrucción sobre una base de actos de investigación a resultancia se traduce en la búsqueda de algo que se desconoce, a lo que pueda posiblemente aparecer”. En su escrito, recordó que la actividad penal no puede avanzar bajo sospechas abstractas que quebranten las garantías constitucionales.
Colaboración, peritajes y antecedentes limpios
Tras la difusión pública de la denuncia, Tarragona se presentó de manera voluntaria en los tribunales junto a su patrocinio legal. En un gesto poco habitual para el plano de la función pública, el legislador local entregó su teléfono celular, la tarjeta SIM y facilitó la clave PIN para posibilitar un análisis completo de su mensajería por parte de los peritos.
En paralelo, los informes requeridos por los tribunales a la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) y a la Fiscalía General Departamental arrojaron resultados negativos. El concejal bonaerense no posee antecedentes penales de ningún tipo ni figura en investigaciones previas ligadas al comercio de estupefacientes.
Otro de los puntos centrales del dictamen judicial estuvo enfocado en criticar la masiva filtración periodística que acompañó el inicio de la causa. El fiscal reprochó que la denuncia adquirió un estado público inmediato de forma paralela a su ingreso formal en la mesa de entradas del Ministerio Público.
De acuerdo a la mirada de los investigadores, la divulgación prematura de los datos obstaculizó la labor judicial y atentó de forma directa contra las estrictas normas de reserva y secreto profesional que exigen los expedientes vinculados a este tipo de delitos.
Con este marco probatorio disipado, y en consonancia con el artículo 268 del Código de Procedimiento Penal de la provincia de Buenos Aires, la Justicia declaró clausurada la investigación sobre el legislador. El expediente solo podrá reabrirse dentro del plazo límite de diez años si se aportan elementos probatorios reales, novedosos y de absoluta contundencia.
