Un gravísimo caso de presuntas torturas, abusos sexuales y vejaciones dentro de una cárcel bonaerense derivó en la detención de 15 agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). Los hechos denunciados habrían ocurrido entre el 3 y el 5 de junio en la Unidad Penal N° 51 de Magdalena y tuvieron como víctimas a cuatro internas.
Las detenciones fueron ordenadas por el Juzgado de Garantías N° 4, a cargo del juez Juan Pablo Masi, en coordinación con la fiscalía interviniente, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el propio Servicio Penitenciario Bonaerense. Fuentes judiciales destacaron, además, la colaboración prestada por los organismos penitenciarios durante la investigación.
Entre los detenidos hay siete hombres y ocho mujeres. La nómina incluye a responsables de distintas áreas de la unidad, entre ellos la jefa y subjefa de Vigilancia y Tratamiento, la coordinadora del Régimen Abierto, la jefa de Requisa, una encargada de turno, una inspectora de Vigilancia, los subdirectores de Seguridad, Régimen e Inclusión, integrantes del Grupo de Intervención ante Emergencias (GIE), de la Brigada Penitenciaria Contra Incendios (BPCI) y personal de Sanidad.
Golpes, asfixias y tormentos
Según la investigación judicial, todo comenzó después de una confrontación entre internas alojadas en la planta alta. Sin embargo, los investigadores sostienen que la respuesta del personal penitenciario excedió los protocolos de contención y derivó en una serie de graves agresiones contra cuatro mujeres.
De acuerdo con la acusación, agentes masculinos y femeninos ingresaron a una celda y arrojaron gas lacrimógeno a corta distancia en reiteradas oportunidades. Las internas fueron obligadas a permanecer en ropa interior frente a personal masculino y luego cuatro de ellas fueron retiradas una por una y trasladadas a distintos sectores de la planta baja.
La investigación describe golpes con puños y patadas, utilización de esposas y de la culata de una escopeta, maniobras de inmovilización y asfixia, además de la utilización de colchones impregnados con gas lacrimógeno.
Uno de los episodios más graves señalados en el expediente fue la aplicación de una maniobra conocida como “submarino húmedo”, mediante la cual una de las víctimas habría sido sometida a asfixia por sumersión en al menos diez oportunidades.
A esto se sumó, siempre según la acusación, el vertido de agua fría sobre las mujeres después de haberlas expuesto al gas lacrimógeno, una práctica que los investigadores consideraron destinada a potenciar los efectos del agente químico y aumentar el sufrimiento físico y psíquico.
Las internas también habrían permanecido durante más de 12 horas sin acceso a agua, alimentos ni sanitarios. En ese contexto, una de ellas sufrió una micción involuntaria sobre su propia ropa. Según el expediente, incluso se habría colocado una media en la boca de una de las víctimas para impedirle pedir auxilio.
Abusos sexuales y humillaciones
La investigación también incorpora acusaciones de extrema gravedad por violencia y abuso sexual. Las víctimas habrían sido sometidas a desnudez forzada frente a personal masculino y a distintas agresiones de carácter sexual.
La acusación sostiene que al menos dos de las internas, fueron víctimas de abuso sexual con acceso carnal mediante la introducción de dedos por vía vaginal.
Uno de los episodios descriptos en el expediente expone además el nivel de humillación y sometimiento al que habrían sido sometidas las mujeres: los agentes las obligaban a besar sus botas o calzado mientras les exigían que pidieran perdón, entre risas y burlas.
Para los investigadores, esa conducta constituyó un mecanismo de degradación y sometimiento destinado a quebrar la voluntad de las víctimas y reafirmar el dominio sobre ellas.
La gravedad de los hechos también quedó reflejada en las consecuencias que habría sufrido una de las internas. Durante la noche del 4 de junio, en medio de los episodios investigados, una de las víctimas intentó quitarse la vida mediante ahorcamiento.
La causa fue caratulada como “Personal SPB, Unidad 51 s/ Severidades, vejaciones y/o apremios ilegales a presos”. La calificación legal adoptada contempla los delitos de tortura, abuso sexual con acceso carnal gravemente ultrajante y agravado por tratarse de personal de una fuerza de seguridad en ocasión de sus funciones, e incumplimiento de los deberes de funcionario público, todos en concurso real.
La Justicia dispuso así el requerimiento de detención contra los 15 agentes involucrados mientras avanza la investigación sobre lo ocurrido dentro de la Unidad Penal N° 51 de Magdalena.
