El Ministerio de Seguridad de la Nación creó el Programa para la Detección y Bloque de IMEI/IMSI en Establecimientos Penitenciarios. El único objetivo de la iniciativa es firmar acuerdos con las provincias para implementar el sistema de bloqueo de celulares en cárceles que ya puso en marcha el Servicio Penitenciario Federal (SPF). En provincia de Buenos Aires relativizaron los anuncios.
Según se informó oficialmente, las jurisdicciones que quieran pueden firmar un convenio de adhesión para empezar a aplicar el sistema de bloqueo de teléfonos. La idea es que las personas privadas de su libertad no puedan comunicarse con el exterior entendiendo que lo hacen para delinquir. “La herramienta ya está. Ahora depende de que cada provincia tome la decisión y la implemente”, sostuvo la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva.
La funcionaria libertaria destacó que la iniciativa ya funciona en las cárceles federales y en abril de este año participó de la destrucción de más de 4000 celulares incautados. “En nuestras cárceles hay control, ley y orden. Los presos trabajan. No hay celulares. Requisamos, incautamos y destruimos. Además, bloqueamos la señal para impedir cualquier contacto con el exterior“, consignó.
Lo cierto es que en Argentina hay una sola unidad penitenciaria incomunicada. Eso dijo esta mañana, en el streaming de Infobae, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso. “En Argentina hay una única cárcel donde no hay ningún teléfono, en las otras hay por más que se diga lo contrario“, aclaró. La excepción en cuestión es la unidad de aislamiento en la que están alojados delincuentes vinculados al narcotráfico.
El debate a nivel bonaerense
Más allá de esa discusión, el funcionario de Kicillof reconoció que “el sistema normativo y el sistema doctrinario se tienen que actualizar“, pero puso en duda la prohibición. Según él, “alguien peligroso no puede tener teléfonos de ninguna manera, pero el teléfono es parte de un premio que se da a aquel que está próximo a salir“.
De hecho, hay quienes destacan la utilidad de los dispositivos para las personas privadas de su libertad. Roberto Cipriano García, abogado de la Comisión Provincial por la Memoria, explicó que incluso sirven para reducir algunos delitos. Por su parte, la Universidad Nacional del Centro (UNICEN) advirtió que son fundamentales para la educación de los internos.
En medio de este debate, el ministro Alonso aclaró que hoy en día la decisión es del Poder Judicial. “Los presos que están en el Servicio Penitenciario Bonaerense son del juez de ejecución de pena. El que ordena lo que se hace con el preso es el juez, el juez es el que nos obliga a que ellos accedan al teléfono“, dijo esta mañana.
Así las cosas, la única posibilidad de hacer cambios sería a través de una ley. Actualmente, en la Legislatura Bonaerense hay varios proyectos que apuntan en ese sentido. Uno de ellos fue presentado por la senadora Malena Galmarini y contempla la instalación de inhibidores de señal en los establecimientos carcelarios. Por ahora, ninguno avanzó demasiado.
