Una publicación en redes sociales y un informe de La Nación encendieron una polémica vinculada a un predio ubicado en el kilómetro 46 de la Panamericana, en jurisdicción de Pilar. Ahí funcionó uno de los vacunatorios más grandes de la pandemia del Covid-19, pero hoy está cerrado y abandonado. Qué pasó.
Las imágenes capturadas por Lucho Lasserre, un explorador urbano, muestran pilas de papeles vinculados a la campaña de inmunización, insumos médicos, equipamiento y muebles en estado de abandono o vandalizados. En base a este testimonio, y a información complementaria, Luis Majul denunció “la catástrofe de la pandemia” en su programa televisivo dominical que se emite por La Nación+.
Ante esto, desde la Municipalidad aclararon que el predio en cuestión ya no está bajo su cuidado. “Por decisión de la Justicia, el predio fue entregado a quien se encuentra investigado presuntamente por lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Desde entonces, el Municipio quedó imposibilitado de ingresar o realizar cualquier tarea allí“, informó la comuna que gobierna Federico Achával.
La decisión fue de Marcelo Martínez de Giorgi, el titular del Juzgado Federal 8 en lo Criminal y Correccional, y se trató de un desalojo intempestivo. El operativo fue en marzo del año pasado, estuvo a cargo de Gendarmería y terminó con el inmueble en manos de Mateo Corvo Dolcet, el empresario investigado por sus vínculos con el narco.
Desde entonces permanece cerrado y sin uso hasta que el medio porteño lo puso en pantalla. Tras la polémica, el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, explicó esta mañana que “ese era un predio vinculado al lavado de dinero llevado adelante por una empresa que tenía vínculo directo con la mujer y con el hijo de Pablo Escobar Gaviria“.
En una primera instancia, ese predio pasó a manos del municipio luego de que la Legislatura Bonaerense sancionara una ley para expropiarlo. En ese momento, había sentencia firme y el inmueble estaba embargado considerando que era fruto de actividades ilícitas. Así llegó a convertirse en vacunatorio y, posteriormente en una oficina de la Dirección de Tránsito.
El problema es que el juez Martínez de Giorgi ordenó devolverlo a la empresa y dictó el desalojo repentinamente. Bianco contó que “cuando se produjo eso se impidió que los funcionarios municipales que trabajaban ahí pudieran ingresar”. Hoy, sigue cerrado y el municipio sigue imposibilitado de ingresar o de realizar cualquier tarea.
