El deterioro de las rutas nacionales, la falta de obras y el destino de los fondos viales quedaron en el centro de una comisión de la Cámara de Diputados, donde intendentes, funcionarios y legisladores bonaerenses expusieron un escenario marcado por accidentes, infraestructura paralizada y reclamos contra el Gobierno de Javier Milei.
La presentación reunió a 23 oradores y tuvo como eje la crisis de infraestructura y el financiamiento de la red vial. Entre los expositores bonaerenses estuvieron los intendentes Daniel Stadnik (Carlos Casares), Pablo Garate (Tres Arroyos), Waldemar Giordano (Colón) e Iván Villagrán (Carmen de Areco), además del ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, la diputada provincial Ayelén Rasquetti, la diputada nacional Victoria Tolosa Paz y representantes de víctimas de siniestros viales.
La Ruta 5, “la ruta de la muerte”
Stadnik llevó a la comisión el caso de la Ruta Nacional 5, cuyo deterioro se agravó por el fuerte incremento del tránsito pesado. Según detalló, entre 3.500 y 3.800 camiones circulan diariamente por el tramo frente a Carlos Casares, mientras que el transporte hacia Vaca Muerta sumó unos 100 camiones diarios, con una proyección que podría llevar el tránsito hasta los 7.000 vehículos pesados por día.
El intendente calificó a la Ruta 5 como “la ruta de la muerte” y aseguró que durante el primer semestre de 2026 se registraron más de 200 accidentes y 21 víctimas fatales. También cuestionó las reparaciones realizadas recientemente y negó que exista una recuperación significativa de la infraestructura vial. “Son trabajos de bacheos muy precarios pero que se lo está haciendo la concesionaria y lo estamos pagando nosotros los usuarios con los peajes”, sostuvo.
Además, denunció que permanece paralizada la obra del tramo entre los kilómetros 106 y 124, iniciada durante la gestión anterior, mientras que el proyecto original contemplaba una autovía hasta Bragado, una ruta segura y una autopista en los accesos a Santa Rosa.
Desde Tres Arroyos, Pablo Garate trazó otro cuadro crítico. El distrito está atravesado por las rutas nacionales 3 y 228, dos corredores de fuerte circulación de camiones por su conexión con los puertos de Bahía Blanca y Quequén. “En mis 55 años, jamás vi la ruta 228 en el estado lamentable en el que se encuentra”, afirmó.
El intendente también denunció problemas de iluminación, obras de banquinas inconclusas y dificultades para que el municipio pueda intervenir con fondos propios. Según explicó, el gobierno local ofreció hacerse cargo del bacheo, pero Vialidad Nacional no otorgó la autorización necesaria.
Rutas 8 y 7: accidentes, reclamos y municipios sin recursos
El intendente de Colón, Waldemar Giordano, llevó el reclamo por la Ruta Nacional 8. Aseguró que el municipio reclama desde 2025 por baches, demarcación, cartelería, banquinas y luminarias, sin obtener respuestas de Vialidad Nacional. La falta de soluciones derivó en la presentación de un amparo judicial para exigir la reparación del tramo que atraviesa el distrito.
Giordano informó que desde enero de 2022 el municipio tuvo que intervenir en 30 siniestros en ese sector, con 60 lesionados graves y 11 muertes. En ese contexto, cuestionó que el superávit fiscal se alcance trasladando costos y responsabilidades a provincias y municipios. “¿Puede ser algo que sea una política pública y que sea bandera de tener un superávit fiscal a costa de la vida de la gente?”, planteó.
En Carmen de Areco, Iván Villagrán puso el foco en la Ruta Nacional 7 y reclamó la finalización de distintos tramos de la autovía, entre ellos el distribuidor del kilómetro 138, el puente sobre Carmen de Areco y la conexión hacia Chacabuco.
El intendente marcó la diferencia entre el tramo de autovía hacia Capital Federal y el sector hacia Chacabuco y Junín, que continúa siendo de mano y contramano. “Cada vez que salen bomberos salen para aquel lado”, afirmó al describir la intervención de los servicios de emergencia ante los choques. También cuestionó que los municipios acumulen responsabilidades mientras reciben menos recursos: “Este gobierno sigue recaudando y no distribuye”.
El reclamo por los fondos y las obras paralizadas
El ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, llevó la discusión al esquema de financiamiento vial. Según expuso, el impuesto a los combustibles aumentó un 1230% durante la gestión de Javier Milei, mientras que la nafta subió 550% y la inflación 330%. Afirmó que más de 1,3 billones de pesos recaudados terminaron destinados a títulos públicos y plazos fijos en lugar de utilizarse para el mantenimiento de rutas.
Katopodis también cuestionó el esquema de peajes y sostuvo que los usuarios terminan pagando dos veces por las rutas: mediante el impuesto a los combustibles y luego a través de las concesiones. Además, mencionó obras de las rutas 5 y 3 que contaban con financiamiento de la CAF y permanecen paralizadas.
La diputada provincial Ayelén Rasquetti sumó otro dato al planteo. Explicó que desde la Legislatura bonaerense elaboraron una calculadora para dimensionar los recursos generados por el impuesto a los combustibles y sostuvo que, con lo recaudado en territorio bonaerense, podrían haberse construido 6.720 kilómetros de rutas.
También advirtió por un efecto adicional: el deterioro de las rutas nacionales y el aumento del peso permitido para los camiones podrían derivar en un traslado del tránsito pesado hacia las rutas provinciales, incrementando los costos para la Provincia y los municipios.
Tolosa Paz, por su parte, informó sobre un amparo colectivo registrado en la Justicia Federal de La Plata para reclamar la ejecución de fondos destinados al mantenimiento vial y cuestionó el destino de los recursos del SisVial. Según expuso, el 90,8% de lo recaudado habría sido colocado en plazos fijos y títulos públicos. También señaló que existen obras de las rutas 5 y 3 con financiamiento de la CAF que permanecen paralizadas.
La exposición tuvo además una dimensión vinculada directamente con las víctimas. Viviana Noemí Romero de Cardoso, integrante del Consejo de Víctimas bonaerense, relató las consecuencias familiares de los siniestros y planteó que el deterioro de la infraestructura debe ser considerado también como un factor de riesgo. “Hoy me despierto con el horror de pensar que también son las rutas”, sostuvo.
El diagnóstico que quedó planteado por los representantes bonaerenses combinó así reclamos por obras paralizadas, falta de mantenimiento, aumento del tránsito pesado, accidentes y cuestionamientos por el destino de los fondos. Con rutas como la 3, 5, 7, 8 y 228 atravesando sus territorios, los intendentes trasladaron al Congreso un conflicto que, según sus exposiciones, ya dejó de ser solamente una discusión sobre infraestructura para convertirse en un problema de seguridad vial, producción y recursos municipales.
