Una funcionaria de un área perteneciente a la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires, el organismo que conduce Julio Conte Grand, que cumplía funciones en el Patronato de Liberados, fue detenida en el marco de una causa judicial que investiga en La Plata una maniobra de lavado de activos a gran escala mediante billeteras virtuales.
Según trascendió, la maniobra se conoce como “smurfing” o “pitufeo”: consiste en fraccionar movimientos de dinero ilegal en depósitos pequeños para intentar eludir los controles de los organismos del Estado.
La acusada fue identificada como Albertina Mangini, abogada, y quedó detenida bajo cargos de asociación ilícita, defraudación por uso indebido de datos digitales y lavado de activos agravado por su habitualidad y por la función pública que ejercía.
Según pudo saberse, también fueron puestos a disposición judicial Mauro Perrota, capturado en Mar del Plata, e Ignacio Marchioni, detenido en Quilmes. Otras tres personas vinculadas a la causa estarían bajo la mira de la investigación, aunque por el momento no se hizo lugar a su pedido de detención.
El rol de la funcionaria
La pesquisa está a cargo de la fiscal Betina Lacki y, según se supo, tendría probado que la organización movió una suma cercana a los 27 mil millones de pesos en apenas un año.
La imputada habría cumplido un rol de captación: ofrecía dinero, generalmente alrededor de 80 mil pesos a personas en situación de vulnerabilidad económica, para que entregaran sus datos personales.
Trascendió que las víctimas eran citadas en un bar de la zona céntrica platense (7 y 56), donde les tomaban fotografías, les escaneaban el rostro y abrían cuentas digitales a su nombre.
Uno de los casos que habría resultado clave para la causa es el de una trabajadora que, según se supo, aceptó “escanearle el ojo” a cambio de dinero y tiempo después descubrió movimientos por más de 172 millones de pesos en una cuenta abierta con sus datos.
El circuito del dinero
Las cuentas abiertas con identidades de terceros funcionaban como “cuentas recaudadoras” o “cuentas mulas”. De acuerdo a lo reconstruido en la causa, los movimientos tenían un patrón distintivo: siempre terminaban en la cifra en decimal .12, y para no levantar sospechas dejaban un saldo de 1000 pesos en la cuenta, nunca en cero. Se supo además que utilizaban casillas de correo con nombres en clave, como un anagrama de la palabra “casino”, como método rudimentario de ocultamiento.
Desde ahí, los fondos eran canalizados hacia un casino online ilegal, señalado como el origen de los activos ilícitos. Ese paso resultaba trascendental para la maniobra porque el dinero ingresaba como “transferencias individuales” y salía disfrazado de “ganancias de juego”, con lo cual perdía trazabilidad,el típico “blanqueo”.
Los allanamientos de la causa se extendieron además de a La Plata, también a Mar del Plata, Quilmes y Córdoba. Por el momento, lo que quedó establecido es que detrás de un esquema aparentemente simple de billeteras virtuales se escondía, según la hipótesis fiscal, una estructura de captación, fraude y reciclaje de dinero ilegal que operó durante meses desde dentro del propio sistema judicial bonaerense.
