La pregunta presente en el título de esta nota atraviesa distintas decisiones tomadas durante el Gobierno de Javier Milei y abre un debate que va mucho más allá de la cantidad de droga incautada o de los operativos contra pequeños puntos de venta: ¿las políticas impulsadas por la actual administración están generando condiciones más favorables para que las organizaciones narcocriminales puedan mover, blanquear e incorporar a la economía formal el dinero obtenido de sus negocios ilegales?
El interrogante no supone necesariamente una política deliberada de protección al narcotráfico. Pero sí pone bajo la lupa una serie de medidas que flexibilizaron determinados controles, junto con un cambio en el paradigma de persecución del crimen organizado. Para Eduardo Villalba, ex secretario de Seguridad de la Nación, esa combinación puede terminar beneficiando a las organizaciones criminales, aunque advierte que todavía resulta necesario determinar si existe una intencionalidad detrás de esas decisiones o si se trata de “impericia”.
En diálogo con INFOCIELO, Villalba analizó el impacto de las políticas impulsadas por el Gobierno nacional y puso el foco en una dimensión que suele quedar relegada frente a los grandes operativos: el circuito económico que permite que las organizaciones criminales sobrevivan, crezcan y expandan sus negocios.
“Más allá de las leyes puntuales, lo más general que facilita esta situación es el cambio de paradigma en las propias políticas de seguridad, de persecución de estos mercados ilegales”, sostuvo.
Del crimen organizado al narcomenudeo
Según Villalba, el principal cambio no debe buscarse solamente en una ley determinada, sino en el modo en que el Gobierno aborda el fenómeno. “Se pasó de un paradigma de persecución a organizaciones criminales, delito organizado, lavado de activos, rutas transnacionales, la perspectiva regional de la problemática, la economía propia de las organizaciones criminales, etc., a volver a hacer hincapié en el narcomenudeo, las microincautaciones, la persecución en los barrios”, señaló.
Para el ex funcionario, esa transformación también se expresa en la comunicación de los operativos. Villalba cuestionó lo que definió como una “espectacularización” de la política de seguridad, con procedimientos difundidos en redes sociales, derribos de bunkers y operativos realizados en barrios populares. “Siempre es en el medio de una villa, o en un barrio muy pobre, muy carenciado”, planteó.
El planteo adquiere otra dimensión cuando se lo contrasta con el mapa del narcotráfico descripto meses atrás por el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, durante su visita a los estudios de INFOCIELO PLAY. En aquella entrevista, Alonso explicó cómo las grandes estructuras internacionales utilizan rutas terrestres, la Hidrovía y los puertos bonaerenses para mover cocaína hacia Europa y cómo esa logística genera, a su vez, un “derrame” de droga hacia localidades del interior y los mercados locales.
Blanqueo e Inocencia Fiscal: la puerta de entrada del dinero narco
Uno de los puntos centrales de la entrevista fue el blanqueo de capitales y el régimen de Inocencia Fiscal. Para Villalba, el problema no es exclusivo de la Argentina ni de la administración de Milei: cualquier proceso que flexibilice los controles sobre el origen de los fondos puede convertirse en una oportunidad para quienes necesitan introducir dinero ilegal en la economía formal. “Por supuesto que es una puerta a priori”, afirmó.
El ex secretario de Seguridad respaldó su preocupación con un dato atribuido al informe de 2024 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Según señaló, en Argentina se lavarían alrededor de 30.000 millones de dólares, mientras que apenas se decomisarían unos 27 millones de dólares, una diferencia que, de acuerdo con su cálculo, representa menos del 0,1 por ciento. “Toda flexibilización de lavado de activos que se pueda producir, por supuesto que va a sumar a esto que ya es muy grande”, sostuvo.
Para Villalba, el problema no se limita a las características del blanqueo. También incluye la reducción de recursos destinados a los organismos encargados de detectar y perseguir operaciones sospechosas. “La misma reducción de los presupuestos de la Unidad de Información Financiera, de las fiscalías, de los aparatos que tiene la Justicia para perseguir las organizaciones delictivas, también forma parte o abona a lo que la ley ayuda a hacer”, afirmó.
¿Impericia o una decisión deliberada?
Una de las cuestiones más delicadas del planteo es determinar si esas consecuencias son buscadas por el Gobierno o si son el resultado de decisiones que no contemplaron adecuadamente el funcionamiento de las organizaciones criminales.
Villalba evitó presentar una conclusión definitiva, pero planteó las dos posibilidades. “Hay que especificar si esa ley está facilitando esto y después está el hecho de que si esa facilitación es algo adrede, consciente o simplemente es parte de la impericia del gobierno o de parte del gobierno que no entiende ciertas dinámicas de la problemática“, explicó.
Según el ex funcionario, también podría existir una tercera posibilidad: que determinadas decisiones respondan a principios ideológicos vinculados con la desregulación y la reducción de controles, sin que necesariamente quienes las impulsan dimensionen sus consecuencias sobre el crimen organizado. “Podés decir que puede llegar a haber, y eso lo veremos quizá de acá a un tiempo, cierta intencionalidad en todas estas cosas que estamos planteando”, sostuvo.
Tierras, criptomonedas y diversificación del crimen
En esa misma línea, Villalba se refirió a la discusión alrededor de las restricciones para la compra de tierras por parte de capitales extranjeros y a los artículos que finalmente quedaron fuera de la iniciativa. “El riesgo está justamente en los dos artículos que cayeron”, sostuvo.
Según explicó, las organizaciones criminales actuales no se limitan al narcotráfico. Se trata de estructuras diversificadas que pueden obtener recursos de distintas actividades ilícitas y luego utilizarlos para expandirse territorialmente. “El flujo económico de estas bandas es fundamental para su crecimiento, subsistencia, desarrollo regional, desarrollo transnacional”, señaló.
Por eso, incluyó el crecimiento de las criptomonedas y otros circuitos económicos. Villalba mencionó “el auge y la incentivación del uso de las criptomonedas”, a las que definió como “activos muy usados en el blanqueo de bienes que provienen del narcotráfico”, y también la proliferación de las apuestas.
Machado, Espert y las conexiones que el Estado debe detectar
El análisis del ex funcionario también alcanza a los episodios que involucraron a Fred Machado y José Luis Espert. Machado fue condenado en Estados Unidos en una causa vinculada al narcotráfico, mientras que el caso Espert generó cuestionamientos políticos y volvió a poner en discusión los vínculos entre dinero, política y estructuras de origen ilícito.
Consultado sobre si el Estado argentino cuenta actualmente con herramientas suficientes para detectar este tipo de conexiones, Villalba fue categórico: las herramientas existen. “En cuanto a herramientas, el Estado argentino tiene fuerzas de seguridad muy capaces de intervenir en la investigación de las bandas criminales”, sostuvo, y enumeró a la Policía Federal Argentina, la Prefectura, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Gendarmería.
El problema, según su diagnóstico, no sería tanto la inexistencia de capacidades como el uso que el Gobierno hace de ellas. “Si vos utilizás todas esas fuerzas de seguridad para estar en el Congreso los días miércoles en las marchas de jubilados o el jueves pasado durante la sesión y no estar donde tienen que estar, entonces ahí estás haciendo algo”, afirmó, y agregó: “Las estás usando para lo que no corresponde”.
El territorio, otra pieza del negocio y la “paz” en Rosario
La discusión sobre el dinero tampoco puede separarse del territorio. Para Villalba, las organizaciones narcocriminales necesitan mucho más que droga y armas para funcionar: necesitan controlar espacios, construir redes y garantizar las condiciones para operar. “En nuestro caso, que nuestras organizaciones no tienen relación directa, por lo menos en principio, con los grandes mercados mundiales, podría decirse con Estados Unidos, por una cuestión de determinación geográfica, necesitan territorio”, explicó.
En ese punto, puso como ejemplo a Rosario y formuló una de las afirmaciones más fuertes de la entrevista al referirse a la reducción de la violencia registrada en esa ciudad. “La no aparición espectacular de situaciones de violencia en los últimos tiempos, ligadas a lo que se llamaba en letras de molde en los medios, violencia del narcotráfico o de los carteles de Rosario, tiene que ver meramente con una paz en el territorio firmada entre estos clanes adictivos con la política y las fuerzas de seguridad”, aseguró.
Monteoliva y una degradación del Ministerio de Seguridad
Finalmente, Villalba fue consultado por la gestión de la actual ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, quien asumió tras la salida de Patricia Bullrich. Su diagnóstico fue crítico. A su entender, incluso se observa una menor presencia e iniciativa respecto de los primeros dos años de Bullrich al frente de la cartera. “Podemos decir cualquier cosa de Bullrich, menos que no tiene presencia e iniciativa diaria de gestión”, señaló.
Para Villalba, la diferencia no implica necesariamente una mejor política de seguridad durante la gestión anterior. Por el contrario, consideró que también entonces existían problemas de fondo, pero sostuvo que Bullrich tenía una mayor capacidad para instalar públicamente su agenda. “Antes tampoco se hacía nada de manera profunda ante los determinados problemas”, afirmó. Sin embargo, agregó que Bullrich “salía a hablar de ello todos los días, concitaba la atención de los medios de comunicación, realizaba estas actividades espectaculares”.
También cuestionó la relación entre el Ministerio y las fuerzas federales, particularmente por la falta de recomposición salarial y equipamiento y por el destino de los efectivos a tareas de contención de protestas. “Las Fuerzas de Seguridad son muy afectas a esto” de recibir el respaldo discursivo de sus autoridades, sostuvo, pero advirtió que, si ese apoyo no se traduce en “apoyos reales que tienen que ver con la recomposición salarial de las Fuerzas y el equipamiento de las mismas”, el discurso termina perdiendo efecto.
Y cerró con una frase que resume buena parte de su diagnóstico sobre la actual política de seguridad: “Más todavía si no se le da a su vez a las fuerzas operatividad respecto de para lo cual están preparadas y se las pone a darle palo los miércoles a un jubilado”.
El interrogante planteado al comienzo queda así abierto: ¿la Argentina se está convirtiendo en un terreno más favorable para el desarrollo económico de las organizaciones narcocriminales? Para Villalba, existen suficientes decisiones y cambios de paradigma como para advertir el riesgo. Lo que todavía resta determinar, según su propio planteo, es si detrás de esa acumulación existe una estrategia deliberada o una serie de decisiones cuyos efectos sobre el crimen organizado el Gobierno no habría dimensionado.
