La inseguridad volvió a quedar en el centro de la escena en Mar del Plata después de tres asesinatos registrados en apenas 24 horas, una seguidilla que profundizó el malestar vecinal y renovó los reclamos contra los gobiernos provincial y municipal.
La sucesión de crímenes tuvo como víctimas a Mailén Antonich, Alberto Rodríguez y Ricardo Ruiz. El caso de Antonich, una joven de 24 años que había acudido a una presunta entrevista laboral, conmocionó especialmente a la ciudad: fue asesinada en un balneario del sur en un hecho investigado como femicidio.
A ese crimen se sumaron otros dos homicidios ocurridos durante el sábado. Ruiz, un comerciante, fue asesinado de un disparo en el pecho durante un robo cometido por motochorros. Rodríguez, en tanto, fue encontrado muerto en el barrio Villa La Palangana, con golpes en el rostro y una herida de arma de fuego en una pierna.
La seguidilla de homicidios se produjo en una ciudad donde el reclamo por mayor seguridad ya había ganado las calles. En los últimos días, vecinos autoconvocados volvieron a movilizarse por el centro de Mar del Plata y reclamaron respuestas concretas frente al crecimiento de los hechos delictivos.
De los cacerolazos a los incidentes en la Jefatura
La protesta llevada a cabo este miércoles tuvo como punto de partida la esquina de Luro e Independencia y avanzó hasta las puertas del Palacio Municipal para terminar frente a la Jefatura Departamental. Allí, el reclamo subió de tono: los manifestantes derribaron vallas y protagonizaron forcejeos en un intento por ingresar a la sede policial.
Entre las principales demandas apareció un pedido de cambios en la cúpula policial, además de mayor presencia preventiva y medidas concretas por parte de los gobiernos provincial y municipal.
No se trató, además, de la primera expresión de malestar. La semana anterior ya se había realizado un cacerolazo por la inseguridad, en una señal de que el reclamo dejó de estar circunscripto a determinados barrios y comenzó a instalarse con fuerza en el centro de la ciudad.
La preocupación también venía apareciendo en distintos puntos de General Pueyrredon. En julio, vecinos de Parque Luro habían convocado a otra movilización y denunciado una sucesión de arrebatos, entraderas y agresiones, especialmente vinculadas con delincuentes que se desplazan en motocicletas.
La pelea por los recursos: Provincia apunta al Municipio
En paralelo al reclamo callejero, la discusión política comenzó a concentrarse en otro punto: quién es responsable de que los recursos destinados a seguridad no se traduzcan en una mayor capacidad de prevención.
El subsecretario de Articulación Institucional para la Seguridad del Ministerio de Seguridad bonaerense, Eduardo Aparicio, cuestionó el manejo de los fondos por parte del municipio de General Pueyrredon y apuntó directamente contra la administración local.
Según el funcionario, el municipio recibió durante 2025 más de $3.000 millones destinados a seguridad, con partidas para equipamiento, cámaras, tecnología para el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) y patrulleros.
Aparicio sostuvo que buena parte de esos recursos no se habría transformado en mejoras concretas y habló de un “abandono estructural” de la comuna en materia de prevención. “Mucho de todo eso no anda, y sigue sin andar porque no se hizo efectivo el gasto de más de la mitad de todo el presupuesto enviado”, afirmó en declaraciones a La Capital.
El planteo vuelve a poner sobre la mesa una disputa que excede la sucesión de delitos: mientras los vecinos reclaman resultados, Provincia y Municipio cruzan responsabilidades sobre la utilización de los fondos, el funcionamiento de los recursos tecnológicos y la capacidad de prevención.
Una ciudad que dejó de reclamar solamente por los robos
El escenario suma presión sobre la gestión municipal de Agustín Neme, mientras Guillermo Montenegro continúa en uso de licencia, y sobre el gobierno de Axel Kicillof, que tiene bajo su órbita a la Policía Bonaerense.
La particularidad del momento es que el reclamo vecinal ya no se limita a la falta de patrulleros, cámaras o respuestas ante robos. La sucesión de homicidios elevó el nivel de alarma y le dio una nueva dimensión política a una problemática que desde hace meses aparece en las calles de distintos barrios.
La protesta frente a la Jefatura Departamental, los pedidos de cambios en la conducción policial y el cruce por los más de $3.000 millones enviados para seguridad muestran que el malestar empieza a tener varios destinatarios.
Y los tres asesinatos ocurridos en apenas 24 horas volvieron a poner una pregunta incómoda en el centro de la escena: ¿quién se hace cargo de la seguridad de Mar del Plata?
