El Senado de la Nación comienza hoy el debate de un paquete legislativo que el gobierno de Javier Milei presenta bajo la premisa de la “inviolabilidad de la propiedad privada”, pero que en la práctica busca desregular la Ley de Tierras. Tal como publicó Infocielo el 16 de julio de 2026, sectores como el CECIM denuncian que el Ejecutivo “está montando una arquitectura para el saqueo”.
Según explicó en ese mismo medio el abogado Jerónimo Guerrero Iraola, esta reforma impulsa un proceso de “extranjerización y financiarización” que convierte a la tierra en un activo financiero. Para entender el riesgo de esta desregulación, existen antecedentes donde la propiedad privada se pretendió imponer sobre la existencia de pueblos enteros.
El caso Sacha Rupaska: El interés de los Caputo en Santiago del Estero
Uno de los antecedentes más polémicos sobre la compra de tierras con comunidades habitándolas es el de la firma Sacha Rupaska S.A., empresa en la que el actual ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, declaró poseer un 33,33% de las acciones al cierre de 2024. Según una investigación de Guillermo Carlos Delgado Jordan publicada en Noticias La Insuperable en agosto de 2025, la firma adquirió en octubre de 2007 títulos de propiedad sobre lotes en Santiago del Estero que son reivindicados por la población de Piruaj Bajo como territorio propio.
La investigación de Noticias La Insuperable, citando a los investigadores Carlos Lorenzo Langbehn y Patricia Karina García, detalla que apenas dos meses después de la compra, la empresa realizó una maniobra para entorpecer los reclamos: vendió en los papeles 3.000 hectáreas a un presunto testaferro, César Bellatti. Ese lote específico contenía la parte poblada del territorio, dejando las casas e instalaciones de los vecinos “encerradas” dentro de la propiedad privada de la empresa. Recién en agosto de 2017, tras años de conflicto y una “pueblada” en 2010 que logró frenar las topadoras, la Cámara Federal reconoció a los habitantes de Piruaj como dueños de las tierras en juego, señalando que la empresa no pudo probar que sus títulos fueran anteriores a la posesión centenaria de la comunidad.
El rabino Libersohn: El intento de comprar un pueblo y su reserva de agua en La Rioja
Otro caso que sentó un precedente alarmante fue el del rabino estadounidense Yosef Jaim Libersohn. Según reveló una nota del diario Página 12 publicada en julio de 2010 bajo el título “Vendo lote con pueblo incluido”, el empresario intentó adquirir en 2008 unas 200.000 hectáreas en Valle Hermoso, La Rioja, por 650.000 dólares. La operación fue frenada cuando el gobierno riojano advirtió al Ministerio del Interior que dentro de esas tierras estaba el pueblo de Valle Hermoso, con sus escuelas y caminos públicos.
En la crónica de Página 12, el entonces secretario de Tierras de La Rioja, Ariel Puy Soria, denunció que el verdadero objetivo de la transacción no era la producción agrícola, sino “apoderarse de una de las dos reservas de agua dulce que tiene la provincia”. El medio también detalló el modus operandi de abogados locales que, con presunta complicidad judicial, hacían firmar papeles a los campesinos del pueblo asegurándoles que era para tramitar sus títulos de propiedad, cuando en realidad eran documentos para ceder las tierras a favor del comprador extranjero.
Una “derogación encubierta” ante la escasez global
El debate que hoy llega al Senado es calificado por la oposición como una “derogación encubierta”, término utilizado por el abogado Guerrero Iraola en su entrevista con Infocielo. Según el letrado, el proyecto no elimina la ley de forma explícita para evitar el costo político de un rechazo social masivo, pero la deja vacía de contenido al privar al Estado de sus herramientas de control y administración.
En un contexto global marcado por la cuarta revolución industrial, Guerrero Iraola advirtió que la Argentina se encamina a una disputa por recursos estratégicos como el agua, la energía, los alimentos y los minerales críticos. En este escenario, la desregulación de la propiedad de la tierra se percibe como una entrega de soberanía que condicionará si el país enfrenta los desafíos del futuro de pie o en una situación de absoluta dependencia externa.
