El Gobierno nacional oficializó este miércoles la designación de Ana María Cristina Juan como jueza federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional de Hurlingham, a través del Decreto 589/2026 en el Boletín Oficial.
La funcionaria, con más de tres décadas de trayectoria en la Justicia federal, es la esposa del juez de Comodoro Py Marcelo Martínez de Giorgi, quien (casualmente) tiene bajo su lupa la causa que investiga a Javier Milei y a su hermana Karina Milei por el escándalo de la criptomoneda $LIBRA. La coincidencia de fechas reabre la pregunta sobre los tiempos de la Casa Rosada para premiar lealtades en el Poder Judicial.
Una designación que estaba frenada
El nombramiento de Ana Juan estaba lejos de constituir una formalidad de rutina. Según había trascendido en el propio entorno del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, su decreto figuraba entre los pocos que el Ejecutivo mantenía sin firmar pese a haber oficializado más de setenta pliegos judiciales en los últimos meses.
La explicación oficial apuntaba a que el juzgado de Hurlingham, creado en 2015, todavía no estaba habilitado por la Corte Suprema. Esa demora convivía, sin embargo, con la designación de otros tribunales en simultáneo, lo que alimentaba las sospechas sobre el verdadero criterio de selección.
El fallo que despejó el camino
Doce días antes de que el decreto viera la luz, su marido resolvió un traspié judicial clave para el presidente. El 3 de julio, Marcelo Martínez de Giorgi hizo lugar a un planteo de la defensa de Mauricio Novelli y apartó como querellantes a cinco inversores damnificados por el colapso de $LIBRA: Juan Patricio Marchetto, Alan Vega, Matías Alejandro Paris, Braian Emanuel Quintero y Martín Romeo.
El magistrado sostuvo que “las pérdidas por operar con una memecoin no alcanzan, por sí solas, para acreditar el perjuicio directo que exige la ley para ser parte querellante”. La resolución no cierra la causa ni descarta los delitos investigados, pero les quita a los denunciantes la posibilidad de impulsar medidas de prueba, apelar decisiones o incidir en el rumbo del expediente. Uno de los afectados, Martín Romeo, ya apeló y calificó la sentencia de “arbitraria” ante la Cámara Federal.
Una coincidencia que incomoda
¿Existe entonces una relación “denunciable” de causa-efecto entre ambos hechos? Claramente no. Los circuitos administrativos de una designación judicial y los de un fallo penal no se cruzan formalmente. Pero la sucesión de fechas resulta, como mínimo, incómoda para justificar en un Gobierno que construyó buena parte de su relato sobre la independencia de una Justicia “sin curros ni mochilas”.
Mientras el marido le allana el terreno al presidente en la causa más sensible que enfrenta, la esposa recibe, apenas días después, el decreto que esperaba desde hacía meses.
El propio Mauricio Novelli, beneficiado por la resolución, se mostró esa misma noche en Miami alentando a la Selección argentina en el Mundial, ajeno a cualquier atisbo de preocupación.
La Casa Rosada, por ahora, no dio explicaciones sobre el timing, difícilmente las de porque Manuel Adorni ya no está para elucubrar alguna referencia socarrona a tan “coincidente” suceso de hechos concatenados.
