El escándalo por la presunta estafa de la plataforma $Libra que golpea directamente al presidente Javier Milei entró en una fase de máxima tensión política y judicial tras la decisión del juez Marcelo Martínez De Giorgi de desplazar a todos los querellantes que representaban a los damnificados.
Para Agustín Rombolá, el “primer denunciante del mundo de Libra”, este movimiento es una maniobra de “blindaje” ejecutada justo cuando la investigación comenzaba a cercar al entorno del ex jefe de Gabinete, Manuel Adorni, justo cuando se produce su salida del Gobierno. Según Rombolá, el apartamiento de las víctimas funciona como una suerte de gatillo judicial para dejar el expediente bajo el control exclusivo del fiscal Eduardo Taiano, a quien acusa de un “encubrimiento cómplice” por demorar deliberadamente los peritajes de los celulares clave.
La denuncia de Rombolá apunta a una sincronía inquietante entre las decisiones judiciales y los movimientos de fondos que involucran a Manuel Adorni. El abogado detalló que el vocero “declara una ganancia de 500.000 dólares” que coincide milimétricamente con transferencias realizadas el 30 de enero de 2025, el mismo día en que Adorni mantuvo reuniones con figuras centrales como Mauricio Novelli, Hayden Davis y el presidente Javier Milei. En esa fecha se detectaron “dos disparos de 507.500 dólares”, donde el excedente de 7.500 dólares representa con precisión matemática “la comisión que te cobran las cuevas para dártelo en efectivo”, lo que deja una transferencia neta de medio millón de dólares bajo sospecha.
El entramado de conexiones legales refuerza la hipótesis del denunciante sobre una triangulación para proteger al funcionario. Uno de los destinos de esos fondos fue un hombre de 77 años, Orlando Meichino, quien carece de domicilio acreditado. Rombolá advirtió que el vínculo se vuelve innegable al observar que el abogado del hijo de Meichino es Matías Ledesma, quien “es el mismo abogado que el de Manuel Adorni”. Esta “coincidencia” jurídica es, para la querella desplazada, la prueba de un esquema de favores y protección que el Poder Judicial se niega a investigar profundamente.
Mientras la Justicia es calificada por Rombolá como “un desastre”, el abogado destacó que “el Congreso estuvo a la altura” a través de su Comisión Investigadora, logrando identificar nombres y billeteras que la fiscalía de Taiano omitió rastrear. Rombolá sostiene la convicción de que el dinero de los estafados financió el estilo de vida del entorno presidencial: “estoy convencido de que $Libra pagó la cascada, pagó Indio Cua, pagó los departamentos de Miró, pagó el alquiler de la madre, pagó las sábanas y los colchones, pagó todo”. Ante el cierre de la vía querellante, el abogado confirmó que apelará hasta llegar a la Corte y buscará la recusación de Martínez de Giorgi para evitar que la causa termine en un carpetazo judicial.
