El frío que acechaba en José León Suárez esa noche del 9 de junio de 1956 no era solo meteorológico, el régimen que gobernaba la Argentina de aquella época buscaba imponer el orden mediante el espanto. En el marco de la “Revolución Libertadora”, se llevaron a cabo fusilamientos en San Martín, un hito de violencia estatal que se considera una metodología deliberada para disciplinar a una clase social y una identidad política proscripta, el peronismo. El caso fue tan emblemático que lo ocurrido en el conurbano bonaerense fue inspiración de Rodolfo Walsh para su obra Operación Masacre.
Esta semana 70 años después, se realizó el juicio por la masacre perpetrada por la dictadura del general Pedro Eugenio Aramburu en junio de 1956 en un basural de José León Suárez a Oscar Lorenzo Cogorno, Alberto Juan Abadie, Rolando Zanetta, Ramón Raúl Videla y Carlos Irigoyen, quienes cayeron bajo el fuego oficial. Se reconoció a la Masacre de José León Suárez como un delito de lesa humanidad.
Un clima de ebullición
Para mediados de 1956, la dictadura encabezada por el general Pedro Eugenio Aramburu y el almirante Isaac Rojas había clausurado los canales democráticos, con la CGT estaba intervenida, más de 100.000 delegados y dirigentes obreros habían sido cesados por decreto y las cárceles albergaban a unos 30.000 presos políticos. La conflictividad política se sentía en las calles, en las fábricas y también dentro de las FFAA que experimentaban internas y tensiones al interior de la fuerza.
En este contexto se gestó el levantamiento militar y civil liderado por los generales Juan José Valle y Raúl Tanco, con la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), a cargo del general Juan Carlos Quaranta, seguía de cerca sus pasos. El plan contemplaba focos fuertes en Campo de Mayo y el conurbano, en ciudades como Avellaneda y Lanús, pero el eje central estaba en La Plata, donde el teniente coronel Jorge Cogorno, el mayor Juan José Pratt y el capitán Jorge Morganti debían tomar el Regimiento VII de Infantería. Mientras los combates comenzaban a desatarse en los cuarteles militares, la tragedia de los civiles se cobraba su primera escena en una vivienda del norte del conurbano bonaerense.
La cronología de una redad ilegal
Cerca de las 23.00 horas un grupo de hombres realiza una emboscada en Florida, en la casa del fondo de la avenida Hipólito Yrigoyen 4519 donde Juan Carlos Torres y un grupo de amigos se juntan a tomar cerveza, jugar al truco y escuchar por radio la pelea de boxeo entre el “zurdo” Eduardo Lausse y Humberto Loayza en el Luna Park. El teniente coronel Desiderio Fernández Suárez, jefe de la Policía Bonaerense, irrumpe a los gritos buscando a un teniente.
En una redada desprolija, algunos hombres que allí se encontraban escapan, la policía logra detener a un total de doce civiles. Aún no era medianoche cuando los suben a un colectivo de la línea 19 y los trasladan a la Unidad Regional de San Martín.
Por Radio del Estado, pasadas las 00.30 ya el día 10, se promulga el decreto de Ley Marcial firmado por Isaac Rojas, que autoriza a fusilar a los rebeldes detenidos a partir de ese momento. Al haber sido capturados antes de la medianoche, los hombres de Florida están fuera de su alcance legal. Ignorando la propia legalidad de la dictadura, Fernández Suárez regresa a la Jefatura de La Plata y emite una orden directa y tajante al inspector mayor Rodolfo Rodríguez Moreno, a cargo de la Unidad Regional de San Martín, que a los detenidos de San Martín tenían que fusilarlos.
Los hombres fueron llevados en camión a los basurales de José León Suárez, bajo los focos del vehículo en medio de la oscura noche, el Estado asesina a cinco hombres, Carlos Lizaso, Nicolás Carranza, Francisco Garibotti, Vicente Rodríguez y Mario Brion. Los demás, heridos o amparados por la noche, logran escapar hacia el exilio o la clandestinidad.
“Hay un fusilado que vive”: el despertar de Rodolfo Walsh
Esa misma noche del 9 de junio, a diez cuadras de la Jefatura de Policía de La Plata, un Rodolfo Walsh de 29 años juega al ajedrez en el Bar Rivadavia. Al escuchar los tiros del violento enfrentamiento por la toma del edificio, sale a la calle. Su regreso a casa es caótico, veía en primera persona lo que pronto se convertiría en materia de estudio y sellaría su compromiso político.
Walsh encuentra soldados en su propia terraza y, pegado a la persiana de su ventana, escucha morir a un conscripto. A pesar del impacto, el primer instinto de Walsh es el repliegue, “Valle no me interesa. Perón no me interesa, la revolución no me interesa. ¿Puedo volver al ajedrez?”, escribiría tiempo después. Su desinterés se derrumba seis meses más tarde, cuando el martes 18 de diciembre de 1956, en el mismo bar platense, alguien le susurra una frase que cambia su vida para siempre,
“Hay un fusilado que vive”.
Dos días después, Walsh consigue la denuncia judicial de Juan Carlos Livraga y se la lleva a su compañera, la periodista Enriqueta Muñiz, con quién inicia una investigación clandestina y vertiginosa. Descubren la clave del crimen, la manipulación de los horarios de las detenciones para justificar los fusilamientos con una ley marcial retroactiva.
Walsh y Muñiz recibieron ayuda de un “topo” institucional —Jorge Doglia, jefe de la División Judicial de la policía— y su investigación fue publicada el 23 de diciembre, tal fue el revuelo que generó que Fernández Suárez se defiende ante la Junta Consultiva, “aquí hay cargos, pero no hay pruebas”.
Walsh redobla la apuesta publicando crónicas en Revolución Nacional, Azul y Blanco y la revista Mayoría, firmando con sus iniciales, RJW. Sus textos terminan archivados en el Servicio de Inteligencia de la Policía Bonaerense (SIPBA) que buscaba identificar al dueño del seudónimo para atraparlo. Para evadir los allanamientos, Walsh adopta el alias de Francisco Freyre, se refugia en el delta de Tigre junto a Enriqueta y publica en 1957 Operación Masacre, inmortalizando la verdad que el régimen intentó enterrar en el barro.
De la clandestinidad al Juicio por la Verdad
Lo que en 1956 Rodolfo Walsh investigó como “fusilamientos clandestinos” por violar las propias leyes de la dictadura, hoy se entiende bajo un concepto que la Argentina de mediados del siglo XX aún no conocía como terrorismo de Estado.
Siete décadas después de aquella noche trágica, el Juzgado Federal N°2 de San Martín impulsó un histórico Juicio por la Verdad. En un fallo histórico, la Justicia Federal de San Martín responsabilizó al Estado argentino por la planificación y ejecución de los fusilamientos de 1956, ordenando diferentes acciones de reparación y memoria para las víctimas. Con los testimonios de las hijas de las víctimas, como Berta Josefa Carranza y Delia Beatríz Garibotti, y las declaraciones del propio Carlos Livraga —aquel “fusilado que vive”—, que hoy tiene 96 años. La historia vuelve a ser labrada por el presente en una búsqueda incesante de justicia.
Como se dio a conocer desde la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, los fusilamientos de José León Suárez reconocidos como delitos de lesa humanidad, los fundamentos completos de la sentencia se conocerán el 16 de julio, representa un avance significativo en la construcción de justicia.
