La histórica Escuela Graduada Joaquín V. González, conocida popularmente como “La Anexa”, se ha convertido en el epicentro de una fractura social que divide a su comunidad de padres. Lo que comenzó como una preocupación por la pérdida de días de clase ha escalado hasta los tribunales platenses, mientras otro sector de las familias denuncia una campaña de desprestigio contra el cuerpo docente.
Un pasacalle y la vía judicial
La tensión alcanzó su punto máximo esta mañana con la aparición de un pasacalle en la puerta del colegio que señalaba directamente a los maestros por las medidas de fuerza. Este acto simbólico acompaña una decisión drástica: un grupo de padres, autodenominados “Padres de la Anexa”, confirmó que recurrirá a la Justicia para presentar un recurso de amparo que garantice el derecho a la educación de sus hijos.
Este sector argumenta un agotamiento total frente a lo que consideran una “toma de rehenes” de los alumnos en medio de un conflicto salarial nacional. Sostienen que la educación es un servicio esencial que no puede verse interrumpido sistemáticamente por la dinámica de los paros universitarios de la Universidad Nacional de La Plata.
“Defender a quien enseña”
En la vereda opuesta, el colectivo “Familias de la Anexa en apoyo a la Universidad Pública” emitió un comunicado oficial expresando su “profunda preocupación” ante la instalación de mensajes que promueven la confrontación.
En la puerta de la institución se hizo foco en la falta de respuesta del Estado Nacional frente a un conflicto de desfinanciamiento que continua escalando. Estas familias de la Anexa sostienen que la crisis no es responsabilidad de los docentes, sino de la no implementación de la Ley de Financiamiento Universitario que el ejecutivo Nacional sigue sin cumplir. Docentes se sumaron a as inmediaciones del Colegio para expresar que hace 173 días que la Ley no se cumple y que “esta en peligro todo el sistema educativo”. También buscaron dar un cese a las discusiones y aseguraron “no es familia contra docentes”
Si bien admiten que los paros afectan la cotidianeidad familiar , sostienen que son una herramienta legítima ante la falta de respuestas materiales para el sistema educativo. Mientras califican de “injusto” responsabilizar a los trabajadores y señalan que defender a los maestros es defender la calidad de la educación pública.
Un conflicto de derechos
El trasfondo de esta disputa es una colisión de derechos constitucionales; a aprender por parte de los niños frente al derecho a la huelga y a un salario digno de los trabajadores. Mientras el grupo que va a la Justicia exige que las puertas se abran sin distinción de reclamos gremiales, el colectivo de apoyo docente advierte que sin presupuesto la escuela no puede sostenerse a largo plazo.
La comunidad dividida
La organización de las familias en defensa de la educación pública no es nueva; se remonta a encuentros y debates iniciados en octubre de 2024. Sin embargo, la persistencia del conflicto presupuestario en 2026 ha radicalizado las posiciones, llevando a la comunidad de una de las escuelas más prestigiosas de la región a un estado de asamblea permanente y disputa judicial.
Por ahora, el “semillero de la UNLP” sigue siendo el reflejo de una crisis nacional donde el diálogo parece haber sido reemplazado por pasacalles, comunicados cruzados y expedientes judiciales.
