Durante la inauguración del Polo Judicial en Olavarría, el gobernador Axel Kicillof volvió a poner en agenda el conflicto con la Nación por la quita de recursos y buscó sumar al Poder Judicial a ese reclamo.
El mandatario compartió el acto con los tres integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires – Hilda Kogan, Daniel Soria y Sergio Torres– y, en ese marco, apuntó contra decisiones del gobierno de Javier Milei que —según sostuvo— afectaron convenios vinculados a seguridad e infraestructura penitenciaria.
El planteo no pasó desapercibido. Minutos después, uno de los jueces del máximo tribunal provincial, Daniel Soria, habló con Infocielo y dejó una respuesta con la que marcó cierta distancia.
Lejos de convalidar una intervención directa del Poder Judicial en la disputa por fondos, el magistrado introdujo un matiz sobre los límites institucionales de la Corte bonaerense, aunque reconoció una deuda histórica hacia la provincia en materia de coparticipación.
Un pedido político y una respuesta con matices
El eje del contrapunto pasó por el alcance del planteo del gobernador. Mientras Kicillof buscó respaldo institucional en su reclamo a la Nación, desde la Corte bonaerense la lectura fue distinta.
Según deslizó Soria, no hubo una interpretación de ese mensaje como un requerimiento concreto hacia el tribunal, sino más bien como una manifestación de carácter político en un contexto de tensión fiscal.
En ese sentido, dejó entrever que el ámbito judicial provincial no tiene margen para intervenir en conflictos vinculados a recursos federales, lo que introdujo un límite claro al pedido formulado en el acto.
“No entendí que hiciera un reclamo a la Corte en cuanto al recorte de recursos federales porque nosotros resolvemos casos y no pudiera haber ningún caso federal que lo resolviéramos nosotros que tenemos jurisdicción provincial” sostuvo.
El trasfondo: coparticipación y rezago histórico
Más allá de ese punto, el juez sí coincidió en uno de los diagnósticos centrales del gobierno bonaerense: la provincia arrastra una desventaja estructural en materia de recursos.
En esa línea, volvió sobre un tema recurrente en el debate fiscal argentino: la complejidad del régimen de coparticipación y las dificultades para modificarlo.
En ese marco, Soria recordó el antecedente del Fondo del Conurbano como un intento de compensación que perdió eficacia con el tiempo, dejando nuevamente expuesta la brecha entre las necesidades del territorio y los recursos disponibles. “El remedo que se había encontrado en la década del 90’ para el rezago fiscal de la provincia fue el Fondo del Conurbano que luego se congeló, era el 10% de lo recaudado por Impuesto a la Ganancias pero se congeló y perdió su eficacia” observó.
La referencia no es menor: en esa región se concentra buena parte de las demandas sociales más críticas, lo que vuelve a poner presión sobre el esquema de financiamiento. “El drama del conurbano genera dificultades para la coexistencia de todo el país tiene que ser resuelto con nuevos aportes, nuevos recursos, porque es donde se concentra la mayor cantidad de necesidades básicas insatisfechas y donde los recursos que dispone la provincia por el rezago en la coparticipación son escasos, demasiado escasos” consideró Soria.
Entre la política y la Justicia
El episodio dejó al descubierto, una vez más, la delgada línea entre los reclamos políticos y los límites institucionales del Poder Judicial.
En paralelo, desde la Corte bonaerense también se hizo foco en el funcionamiento interno del sistema judicial y en el contexto político en el que se toman decisiones clave, como la aprobación de leyes o la designación de funcionarios.
Allí apareció otro dato: las dificultades para construir mayorías en la Legislatura provincial, en un escenario atravesado por tensiones y acuerdos cambiantes que dificultan la cobertura de las vacantes en el máximo tribunal .
